Dina Boluarte se convirtió ayer en la nueva presidenta de Perú, la primera mujer en ocupar el cargo, después de que el Congreso destituyera a Pedro Castillo, que horas antes había anunciado la disolución del órgano legislativo, en una medida calificada como «golpe de Estado» por diversos sectores del país.
«Como todos conocen, se ha producido un intento de golpe de Estado, una impronta promovida por Pedro Castillo, que no ha encontrado eco en las instituciones de la democracia y en la calle», dijo Boluarte, que ocupaba la vicepresidencia del país desde julio de 2021, al hablar ante el Congreso durante su juramentación.
La abogada, de 60 años, pidió en su discurso una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional, con un «gabinete de todas las sangres».
Poco después ingresó al Palacio del Gobierno, de donde salió más temprano Castillo, que se encontraba por la tarde en la Prefectura de Lima. Según medios locales, el saliente mandatario se encuentra detenido y es asesorado legalmente por Aníbal Torres, su exjefe de gabinete.
El Congreso de Perú, dominado por la derecha y enfrentado con el mandatario de izquierda desde su asunción, adelantó hoy unas horas la sesión donde tenía previsto tratar la tercera moción de vacancia (destitución) contra Castillo desde que asumió, por «incapacidad moral permanente» derivada de supuestos hechos de corrupción, una figura constitucional que ya desembocó en la salida de dos mandatarios desde 2018.
Para remover a un presidente, la Constitución de Perú exige 87 votos, una cantidad de la que en principio no disponía la oposición, pero la decisión de Castillo de disolver el cuerpo cambió radicalmente el panorama y finalmente la destitución del mandatario cosechó 101 voluntades.
La decisión de Castillo de disolver el Congreso y decretar un estado de excepción fue considerada como un «golpe de Estado» por congresistas de varias bancadas, que de inmediato trazaron un paralelo con el autogolpe que protagonizó el expresidente Alberto Fujimori en 1992, cuando disolvió el Congreso.
Por su parte, el procurador general del Estado, Daniel Soria, anunció que interpondrá una denuncia penal contra Castillo, al que acusa de «violar flagrantemente la Constitución».
La posibilidad de que Castillo, un profesor rural de 53 años sin partido político, decidiera el cierre del Congreso ante la posibilidad de una destitución había sido desestimada por el mismo mandatario la semana pasada.
«Ratifico mi compromiso con la democracia, el Estado de Derecho y la Constitución, y rechazo profundamente que mi gobierno esté tramando un cierre del Congreso para evitar una vacancia», escribió el sábado en Twitter.
Sin embargo, horas antes de que el Congreso se reuniera para debatir el pedido de vacancia, el mandatario dio un mensaje televisado en el que anunció la disolución del órgano legislativo, declaró un «Gobierno de excepción» y un «toque de queda a nivel nacional».
Castillo convocó «en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso, se gobernará mediante decretos ley».
El presidente acusó al órgano legislativo de «destruir el Estado de derecho, democracia y equilibrio de poderes».
Alonso Cárdenas, uno de los principales politólogos del país, dijo a Télam que «no hay ninguna figura legal que ampare lo que hizo el presidente. La Constitución es clara en que para disolver el Congreso se necesitan dos negativas a mociones de confianza, como hizo Martín Vizcarra, que en este caso no se da».
En un comunicado conjunto, las Fuerzas Armadas y la Policía de Perú emitieron hoy un comunicado conjunto en el que hicieron referencia la única causa por la que un mandatario puede disolver el Congreso, que es «si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros», lo que no ocurrió en este caso.
«Cualquier acto contrario al orden constitucional establecido, constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional», señalaron.
El anuncio del mandatario motivó inmediatamente una serie de renuncias en el Gabinete.
«En estricto apego a mis convicciones y valores democráticos y constitucionales, he decidido renunciar irrevocablemente al cargo de ministro de Relaciones Exteriores, ante la decisión del presidente Castillo de cerrar el Congreso de la República, violando la Constitución», indicó César Landa en su cuenta de Twitter.
«Condeno enérgicamente este autogolpe de Estado e invoco a la comunidad internacional a ayudar al reencausamiento democrático en Perú. Castillo tomó esta decisión sin mi conocimiento ni apoyo», agregó.
También dimitieron otros funcionarios como los ministros de Economía, Kurt Burneo; de Trabajo, Alejandro Salas; de Educación, Rosendo Serna, así como el embajador del país ante las Naciones Unidas, Manuel Rodríguez Cuadros, e incluso el abogado del presidente, Benji Espinoza, comunicó su «renuncia irrevocable» a continuar al frente de la defensa legal.
La líder opositora peruana Keiko Fujimori acusó a Castillo de dar un «golpe desesperado» e instó al Congreso y a las Fuerzas Armadas a actuar.
«Pedro Castillo da un golpe desesperado porque sabía que le quedaban pocas horas en el poder. El Congreso debe seguir adelante con la vacancia y las Fuerzas Armadas tienen que respaldar el orden constitucional. #NoAlGolpe #VacanciaYA», tuiteó Fujimori.
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, también había señalado su «rechazo de manera enfática» a «todo quebrantamiento del orden constitucional», y exhortado al mandatario a «respetar la Constitución, el Estado de derecho y la democracia que tanto nos ha costado».
Boluarte fue ministra de Inclusión Social desde la posesión de Castillo hasta el mes pasado y, a diferencia de la mayoría de los funcionarios de su gobierno, no estuvo involucrada en escándalos ni sembró sospechas de corrupción.
Aún así, la oposición parlamentaria la tuvo en su mira y pretendió destituirla por haber seguido figurando como presidenta de un club privado, a pesar de que por ley eso es incompatible con ser ministra.
Sin embargo, esta semana el Congreso archivó el caso por considerar que no hubo incompatibilidades y de paso dejó sin efecto otra denuncia que sin mayores fundamentos se le había hecho por supuesto nepotismo.
La crisis política en Perú llevó a que Estados Unidos y la mayoría de las naciones de América Latina expresaran su «preocupación» y solicitaran a los poderes peruanos que encuentren una solución por la vía democrática.
A la vez, provocó la suspensión de la Cumbre de la Alianza del Pacífico que se iba a celebrar la semana próxima en Lima, donde México iba a entregar la presidencia del organismo a Perú. © Agencia Télam.
