Los delitos sexuales en México registran un «boom» desde hace dos años, con un aumento del 30%, catapultado especialmente por el largo encierro derivado de la pandemia de Covid-19, lo que activó las alarmas de los expertos y los activistas.
El gobierno presumió este lunes el éxito de su estrategia contra el crimen, que permitió reducir 3,9% de enero a octubre de este año los homicidios intencionales y una caída en la mayor parte de los delitos mayores como el secuestro y el tráfico de drogas, pero con las agresiones sexuales las cosas van en sentido opuesto.
Los abusos sexuales registran, de hecho, una tendencia ascendente desde hace una década, pues se dispararon casi seis veces en una década, cebándose en particular sobre las mujeres y las niñas, de acuerdo con informes oficiales.
Por cada infante violentado, hay 10 niñas molestadas, en proporciones que ni siquiera se alcanzan a medir con exactitud, pues los casos denunciados representan apenas la punta del «iceberg» al estimarse la «cifra negra» en más del 90%.
Colectivos civiles como Aldeas Infantiles, Equifonía o la Defensoría por los Derechos de la Infancia señalan que hay un alto grado de impunidad debido a diversos factores que entorpecen la maquinaria de la justicia y explican el descontrolado fenómeno.
Entre esos elementos figuran la falta de coordinación interinstitucional, el limitado presupuesto para las fiscalías y
la falta de especialización de los ministerios públicos para atender con perspectiva de niñez estos problemas.
Hay además dificultades en la definición e interpretación de los delitos asociados a este tema, en el propio marco legal, pues no hay una definición única en todo el país, sino al menos 16 distintas en los códigos penales de los 32 estados.
«No hay una homologación a nivel nacional sobre la tipificación de las distintas formas de violencia sexual infantil», señala Efraín Guzmán, de Aldeas Infantiles SOS y eso provoca que las víctimas no accedan de la misma manera a la justicia.
Los casos se multiplican en forma exponencial también por el no reconocimiento de los infantes como sujetos de derecho, la corrupción en los tribunales y la falta de orientación sexual en las escuelas.
Entre enero y septiembre de 2021 se denunciaron 52.167 delitos sexuales en México, contra 40.184 del mismo período de 2019.
Según el Programa Nacional para la igualdad entre Mujeres y hombres 2020-2024, sólo uno de cada cuatro víctimas de violencia sexual acudió en busca de ayuda.
Casi el 80% de las mujeres que sufrieron violencia física o sexual por parte de su pareja actual o última no solicitó apoyo ni presentó una denuncia, según el diagnóstico. Cada día 58 personas denuncian en México haber sufrido abuso sexual, de acuerdo con las cifras oficiales.
Estela Casados, coordinadora del Observatorio Universitario de Violencia contra las Mujeres en el estado de Veracruz, costas del Golfo de México, señaló que se «está exacerbando el fenómeno» del abuso sexual en el país por «causas estructurales».
Según la Red Nacional de Refugios, sólo en el primer semestre del 2020, cuando habían transcurrido unos tres meses desde que se presentó el primer caso de Covid-19 y de iniciar el confinamiento, «se dispararon las llamadas de ayuda y de auxilio» por ultrajes sexuales.
No obstante, este problema sigue una «trayectoria histórica ascendente» iniciada desde años antes que solo registro un mayor empuje con la pandemia, de acuerdo con los especialistas.
Angélica Canjura, investigadora de Causa en común, señaló que este problema «es una expresión de las agresiones contra las mujeres» que existen en el país y advirtió que estas «no están seguras ni siquiera en su casa».
Para afrontar el inquietante fenómeno, los conocedores y activistas proponen no solo políticas públicas de prevención de las agresiones, sino otras que impliquen soluciones concretas para que las mujeres estén protegidas de sus agresores.
Las regiones con mayores casos de abusos sexuales son principalmente la zona metropolitana de la capital, en especial el Estado de México, al que pertenecen la mayoría de localidades de la periferia, y la propia urbe, así como los norteños estados de Chihuahua, Nuevo León y Baja California. (ANSA).
