La política migratoria de Donald Trump abrió un nuevo frente: los aeropuertos estadounidenses.
En un giro que refleja la intensificación de la campaña de deportaciones masivas, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) comenzó a detener a personas con visas vencidas cuando intentan abordar vuelos internos, aprovechando la información de pasajeros compartida por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).
La nueva modalidad marca un cambio significativo respecto de los métodos tradicionales de control migratorio.
Si hasta ahora las detenciones se concentraban en operativos domiciliarios, lugares de trabajo o comparecencias judiciales, ahora el gobierno utiliza los controles aeroportuarios como un punto de captura rápido y altamente eficiente.
Un memorando interno citado por ABC News revela que al menos 27 personas fueron arrestadas en aeropuertos de nueve estados mediante este procedimiento, aunque no precisa el período en que ocurrieron los operativos.
Entre los detenidos hay personas sin antecedentes penales e incluso extranjeros con permisos de trabajo o documentos de permanencia temporal aún vigentes mientras esperan la resolución de sus trámites migratorios.
«La administración Biden permitió que extranjeros que permanecían ilegalmente en el país viajaran libremente por Estados Unidos. Bajo el presidente Trump eso ya no será tolerado», afirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que sostuvo que quienes se encuentren ilegalmente en territorio estadounidense solo podrán volar para abandonar el país mediante la autodeportación.
La estrategia se apoya en el intercambio de datos entre la TSA e ICE a través del programa Secure Flight, originalmente concebido para detectar amenazas vinculadas al terrorismo y la seguridad aérea.
Un acuerdo de cooperación, recientemente divulgado por la organización American Oversight tras una solicitud basada en la Ley de Libertad de Información (FOIA), formaliza ese intercambio de información con fines de seguridad nacional, aplicación de la ley y gestión migratoria.
El endurecimiento no surge de manera aislada. Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, ICE incrementó drásticamente el ritmo de arrestos y recibió como objetivo superar las 2.000 detenciones diarias, en el marco de la promesa presidencial de ejecutar la mayor campaña de deportaciones de la historia del país.
En marzo pasado, durante la crisis presupuestaria que afectó al Departamento de Seguridad Nacional, agentes de ICE fueron desplegados en más de una docena de aeropuertos para cubrir parcialmente la falta de personal de la TSA. En ese momento, Trump ya había anticipado que esos efectivos también aplicarían la legislación migratoria dentro de las terminales aéreas.
Especialistas en inmigración consideran que el verdadero cambio no reside en la facultad legal de ICE para detener a personas con estatus migratorio irregular —una potestad que siempre existió— sino en el escenario elegido para hacerlo.
«El viaje aéreo doméstico se ha convertido en una auditoría del estatus migratorio», advirtió la abogada Rosanna Berardi, quien sostuvo que la agencia aprovecha una «zona gris» que afecta a miles de extranjeros con solicitudes de residencia permanente o renovaciones de visa aún pendientes.
La nueva política podría tener un impacto mucho más amplio que el número de arrestos registrados hasta ahora. Estados Unidos recibe cada año cientos de miles de personas que permanecen más tiempo del autorizado por sus visas y muchas continúan viviendo legalmente mientras esperan la resolución de procesos administrativos o judiciales. © ANSA
