Se trata de un proyecto de ley presentado por el Legislador porteño Fernando Muñoz (Liberación – FpV) y aprobado por unanimidad en la sesión de hoy. La iniciativa instituye el primer lunes de octubre de cada año como el Día del Inquilino.
Al respecto, Fernando Muñoz afirmó “establecer un Día del Inquilino no es fijar una fecha más en el calendario, es abrir una instancia para difundir la problemática de los inquilinos y es también, un reconocimiento a un sector trascendental en la vida de la Ciudad”.
En Buenos Aires hay casi un millón de inquilinos que sufren severos abusos por parte del mercado inmobiliario: comisiones ilegales, incrementos especulativos, abusos contractuales. Paradójicamente, el ente de control es el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios (CUCICBA), que está dirigido por las inmobiliarias más grandes de la Ciudad. El presidente Héctor D’Odorico es dueño de la inmobiliaria que lleva su nombre, el vicepresidente 1º, Martín Boquete, es director comercial de Toribio Achával, y la vicepresidente 2º, Gabriela Goldszer, es la directora de Ocampo Propiedades. La conclusión se cae de madura: las inmobiliarias se controlan a sí mismas. Son juez y parte.
Esta autorregulación de las inmobiliarias fue posible por la absoluta connivencia entre el Gobierno de la Ciudad y el mercado inmobiliario. «El macrismo tomó desde un principio la decisión de trabajar sólo para las inmobiliarias, jamás se encargó de defender a los inquilinos de un mercado que les fija condiciones injustas e ilegales», indicó Muñoz. El ejemplo más concreto de esta situación es que – a pesar de que la ley establece un máximo de un mes de comisión inmobiliaria- todos los intermediarios de la Ciudad cobran dos o tres meses y CUCICBA, como organismo de control, sólo aplicó una sanción por esta situación.
La consecuencia de esto, según Muñoz, es «una transferencia de dinero millonaria de los bolsillos de los inquilinos a las inmobiliarias, los 150 mil contratos de alquiler que se renuevan cada dos años en la Ciudad representan un ingreso ‘extra’ de las inmobiliarias de $750 millones. Esto significa que en un día estos intermediarios se apropian de un millón de pesos que les corresponden a los inquilinos», precisó.
La iniciativa de Fernando Muñoz es parte de un conjunto de acciones que lleva adelante para lograr condiciones más justas para alquiler. Entre ellas, el proyecto de creación de una Defensoría del Inquilino que funcione en el ámbito de la Defensoría del Pueblo, el proyecto para que todas las inmobiliarias informen el tope máximo de comisión inmobiliaria establecido por ley, la acción de amparo y los pedidos de acceso a la información pública presentados contra el Colegio que agrupa a las inmobiliarias (CUCICBA) y la Primera Encuesta de Inquilinos de la Ciudad, entre otras.
