De acuerdo a los datos recogidos por los oficiales de la División Delitos contra la Salud y Seguridad Personal de la Policía de la Ciudad, algunos de los involucrados tenían agendas en los que atendían en distintos puntos de la Ciudad y el Gran Buenos Aires con fechas prefijadas.
Esa división policial solicitó una inspección integral en ese centro ubicado en Cervantes al 2900 luego de que hallaran en redes sociales promoción de la Jornada Oftalmológica, invitando a eventuales pacientes y sin la aparente presencia de médicos oculistas.
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Ante ello la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas 26 dispuso la realización de esa inspección, que se consumó en las últimas horas con la intervención también de la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFyC) y la Dirección General de Control Ambiental (DGCONTA) de la Ciudad, la ANMAT, el Ministerio de Salud de la Nación y representantes de la Cámara Argentina de Oftalmología y de la Cámara Argentina de la Óptica.
Al momento de la llegada de los funcionarios, en el lugar había un encargado, una empleada administrativa y una técnica contactóloga, atendiendo a un paciente, a quien le había medido la visión y rectado unos anteojos, dejando 4 mil pesos a modo de adelanto.
De acuerdo a los datos compulsados, la mujer no estaba habilitada como médica oftalmóloga, por lo cual representantes de entes participantes en la inspección labraron actas de intimación por faltas administrativas.
Durante el procedimiento fueron secuestrados 160 probines de medición visual, 290 marcos de anteojos, 140 lentes pre graduados, 12.000 pesos de consultas efectuadas, tres celulares y documentación, por caso anotaciones con listas manuscritas de los valores de los distintos anteojos, y una agenda en la que figuraban los lugares por donde realizaron otras jornadas similares.
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Con todos los datos, la Unidad de Flagrancia Oeste, a través de la Dra Cecilia Mollo dispuso las detenciones de los tres involucrados en condición de comunicados, por infracción al artículo 208 del Código Penal de la Nación que sanciona el ejercicio ilegal de la medicina, el traslado a la Oficina Central de Identificación (OCI) para determinar los antecedentes penales y su alojamiento en una alcaidía de la Policía de la Ciudad.
