La investigación estuvo a cargo del personal de la División Conductas Contravencionales y Faltas de la Policía de la Ciudad conjuntamente con la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas 35, de la Dra. Celsa Ramírez por ante la Secretaría Única del Dr. Daniel González.
La organización realizaba las ventas de artículos por Internet y por whatsapp, y tras las averiguaciones los detectives llegaron hasta un domicilio donde se efectuaban retiros de la mercadería y también hasta una imprenta.
Con esos datos, la fiscalía solicitó un allanamiento en el depósito ubicado en Andalgalá al 1100 y una inspección en una gráfica ubicada sobre la calle San Pedro, en el barrio de Parque Avellaneda.
El domicilio de la calle Andalgalá era una casa convertida en depósito, donde los oficiales encontraron 12.668 productos, muchos de ellos embalados, otros en estanterías, y lotes en blanco sin estampar.
En el lugar, había termos, jarras y vasos térmicos, mates, bombillas con la inscripción “Stanley”. Junto al packaging los detectives descubrieron una factura de una segunda imprenta que también fue allanada en Liniers.
La peligrosidad de estos productos falsificados reside en los materiales con los que están fabricados que se encuentran prohibidos por la legislación nacional, la normativa del Mercosur y el Código Alimentario de la Argentina.
Los productos autorizados deben estar fabricados con acero inoxidable apto para alimentos (también conocido como acero 304) que está libre de BPA. Y además estar aprobados por el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), dependiente de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) que certifica que el acero es apto para el contacto con alimentos.
Respecto de la inspección integral en la gráfica de la calle San Pedro, los oficiales incautaron once cajas conteniendo packaging con inscripción Stanley, además del hallazgo de dos máquinas láser para estampar.
A este lugar asistió también personal de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), que labró actas de intimación por falencias en materia de seguridad.
La justicia ordenó el secuestro de toda la mercadería por infracción a los artículos 201 y 289 inciso 1 del Código Penal de la Nación, que sanciona a quien vendiere mercaderías peligrosas para la salud, y por falsificar marcas.
