Orejas cortadas, colas amputadas a los pocos días de vida, espolones arrancados “porque quedaban feos”, arrugas estiradas, bigotes eliminados para resaltar el hocico, glándulas reducidas para que el perro “oliera menos”. Durante décadas, estas intervenciones formaron parte del paisaje habitual de muchas clínicas veterinarias españolas. Era la estética por encima del bienestar; la apariencia como mandato.
Según explicó La Vanguardia, el 29 de septiembre de 2015 marcó un punto de inflexión. Ese día, el Consejo de Ministros aprobó la adhesión de España al convenio europeo sobre protección de animales de compañía, un documento que prohibía todas las cirugías destinadas a modificar la apariencia de un animal cuando no existiera un fin curativo. El texto del Consejo de Europa era tajante: cortar orejas o colas, seccionar cuerdas vocales o extirpar garras y dientes quedaba fuera de la ley.
La decisión no surgió de la nada. Desde 2012, el Parlamento Europeo presionaba para que los Estados miembros —entre ellos España— aplicaran el convenio firmado en 1987. Y en 2014, una moción del senador Jordi Guillot (ICV) empujó al Gobierno a incorporarse finalmente al tratado, que obtuvo apoyo del PP y PSOE en 2015. Sin embargo, la prohibición real no llegó hasta 2018.
