A partir de este sábado 5 de septiembre comienza a regir la Ley 27.801, que rebaja la edad de imputabilidad a los 14 años con penas de hasta 15 años de prisión y establece la responsabilidad civil de los progenitores por los delitos cometidos por sus hijos.
La normativa dispone que los menores sean alojados en establecimientos especializados —sin contacto con adultos— y fija penas alternativas como monitoreo electrónico, servicios comunitarios y la prohibición de salir del país o conducir.
El texto legal prioriza el acceso a programas educativos, deportivos y de capacitación laboral, permitiendo evitar la prisión condicional en penas menores y contemplando sanciones más severas en caso de incumplimientos.
El nuevo Régimen Penal Juvenil entra en vigencia y establece que los adolescentes de 14 a 18 años podrán ser imputados y recibir penas por delitos. El sistema contempla distintas sanciones según la gravedad del hecho: desde reparación del daño, reglas de conducta, restricciones de acercamiento y actividades educativas o comunitarias, hasta penas de prisión para los casos más graves.
Cuando corresponda el encierro, la pena tendrá un máximo de 15 años y estará prohibida la prisión perpetua. Los adolescentes deberán permanecer en establecimientos especializados y separados de los adultos. La implementación del nuevo régimen también genera interrogantes por la falta de recursos, la disponibilidad de dispositivos de monitoreo electrónico y la capacidad de los institutos para recibir a los jóvenes.
