La Legislatura porteña votará en la próxima sesión del jueves 6 de septiembre el Código Urbanístico y el nuevo Código de Edificación para la ciudad. Lo hará sin que los ciudadanos hayan participado en su elaboración y sin considerar la Propuesta Urbano Ambiental Vecinal y la Carta del Derecho a la Ciudad elaborada en múltiples talleres barriales.
Desde un conjunto de asambleas y organizaciones vecinales rechazamos la aprobación y el contenido de ambos códigos porque:
1. Son códigos que desatienden las necesidades, los derechos y la calidad de vida de la ciudadanía para garantizar los intereses de los desarrolladores y especuladores inmobiliarios. Ambos códigos están netamente orientados a aumentar la capacidad constructiva de las parcelas, legalizar los permisos de obras ilegales otorgadas en la última década, garantizar seguridad jurídica y judicial a las desarrolladoras inmobiliarias e incrementar el precio del suelo y, consecuentemente, de las viviendas y de los alquileres, aumentando las inequidades producidas por el mercado inmobiliario.
2. El tratamiento parlamentario dado a estos códigos es inconstitucional. La Legislatura y el Poder Ejecutivo no cumplieron con la convocatoria y realización de la audiencia pública obligatoria, tal como lo establece el art. 63 de la Constitución de la Ciudad. Esta audiencia pública debió realizarse «antes del tratamiento legislativo» y geograficamente en cada comuna. Tampoco hubo participación real de los consejos consultivos comunales ni de los vecinos en las diversas reuniones convocadas por el GCBA y la Legislatura. Estas tuvieron un mero carácter formal para dar apariencia de participación ciudadana, faltando al mandato constitucional de organizar la ciudad como una Democracia Participativa.
3. Facilitarán la destrucción de la ciudad, de sus distintas identidades barriales y de su diversidad cultural.
4. Profundizarán el colapso actual de los servicios públicos (agua, cloacas, luz, gas, salud, educación, transporte, etc.). Aumentarán la densidad demográfica de la ciudad sin brindar ninguna herramienta urbanística nueva para que la infraestructura de servicios públicos acompañe dicho crecimiento.
5. Destruirán en forma progresiva y continua el patrimonio histórico-cultural de la Ciudad, transformando nuestro derecho colectivo, consagrado constitucionalmente, en un recurso económico al servicio de la especulación inmobiliaria.
6. Intensificarán la expulsión de los habitantes de recursos bajos y medios de la ciudad, transformándola en una espacio sólo para ricos y para la explotación del suelo con criterios puramente rentísticos.
7. El código de edificación excluye y pone en situación de riesgo a niños, personas mayores y con discapacidad tanto en los espacios privados como públicos.
8. En síntesis, estos códigos lejos de servir al Bien Común están diseñados como instrumentos para los negocios del blanqueo, la timba financiera y la fuga de capitales dolarizados.
La ciudad es de todxs. Es inadmisible que sea utilizada como materia prima para el negocio de unos pocos. En la ciudad, las políticas urbanas son decididas por los grandes inversores y el mercado inmobiliario que la ponen al servicio de sus intereses especulativos. La inversión pública y las plusvalías urbanas, que son fruto del esfuerzo colectivo de generaciones, están siendo apropiadas por grandes empresarios y propietarios inmobiliarios. La mezquindad y la codicia de los grupos inmobiliarios no pueden ser la guía de nuestra planificación urbana.
Debe iniciarse un nuevo proceso con una evaluación y diagnóstico participativo de lo que ocurrió en la ciudad en las últimas dos décadas y su estado actual, que supere la planificación monopolizada por intereses económicos que no respeta la democracia participativa y las comunas.
Solicitamos que se garantice nuestro derecho constitucional a la Democracia Participativa, a una PLANIFICACIÓN URBANA CIUDADANA y peticionamos el inicio urgente del proceso de actualización del Plan Urbano Ambiental.
