El órgano de expertas independientes que supervisa la aplicación de la CEDAW, tratado internacional de derechos humanos del que Argentina es parte, aprobó el 23 de octubre la Recomendación 40. Se trata de un instrumento jurídico que establece obligaciones específicas para lograr una representación igualitaria e inclusiva de las mujeres en todos los ámbitos con el objetivo de lograr un cambio sistémico. En particular, estableció que «Una representación igualitaria e inclusiva en los sistemas de toma de decisión requiere, entre otros componentes, una paridad de género de 50-50 como punto de partida y norma universal. En lo relativo al Poder Judicial, el Comité estableció que se deben adoptar leyes y otras medidas para garantizar la paridad en los puestos jerárquicos, y estableció que los Estados tienen la responsabilidad de nombrar mujeres para dichos cargos o roles cuando ello está bajo su control.
Esto no es más que un recordatorio para el Senado y la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina que tienen ante sí la decisión de convalidar o no la propuesta regresiva, inconstitucional y discriminatoria de nombrar dos varones para cubrir las vacantes en el máximo tribunal.
Habiendo transcurrido más de dos meses desde las audiencias públicas en donde se analizaron los pliegos de los candidatos, la decisión todavía está en manos del Senado. Por eso, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, que ya había pedido a la Cámara Alta que no avanzara con el tratamiento de los pliegos, insistieron ahora ante dicho cuerpo haciéndole llegar la Recomendación No. 40, que precisa y refuerza el mandato constitucional y convencional de los legisladores de promover la paridad.
Además del Senado, la Corte Suprema tiene también la oportunidad histórica de revertir esta situación discriminatoria, ya que se encuentra pendiente de resolución ante dicho tribunal la demanda que presentó la Red de Mujeres para la Justicia con el apoyo de Amnistía, CEJIL y ELA para exigir que se rechace el tratamiento de los pliegos de los candidatos varones.
La paridad y el Poder Judicial: Argentina a contramano de la comunidad internacional
Argentina es el único país de Iberoamérica que no tiene mujeres en el máximo tribunal. No sólo eso: a lo largo de nuestra historia, solo tres han logrado ser juezas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mientras que 104 hombres ocuparon ese cargo.
En este contexto, el Comité instó a los Estados parte a realizar las modificaciones constitucionales y legislativas pertinentes a fin de institucionalizar la paridad 50:50 entre mujeres y hombres. A contramano de estas obligaciones y tendencias globales, en Argentina se encuentra en trámite la propuesta del Poder Ejecutivo de postular a dos candidatos varones que tendría como resultado una Corte de integración absolutamente masculina.
La paridad de género en la integración del máximo órgano del Poder Judicial no es sólo una reivindicación de los derechos de las mujeres a ser igualmente parte de los órganos de poder, sino también un reclamo que busca que las niñas y adolescentes se vean representadas en lugares centrales para la vida pública y política, y, finalmente, una imperiosa necesidad de fortalecer la legitimidad y la calidad de nuestras instituciones.
Organizaciones firmantes
Amnistía Internacional
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
Asociación por los Derechos Civiles (ADC)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género
Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM)
Fundeps (Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables)
GQUAL Campaign
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)
La Casa del Encuentro
Mujeres en Igualdad (M.E.I.)
Poder Ciudadano
Red Mujeres para la Justicia
