La Operación Spider Bank, tal cual se dio en llamar al trabajo de investigación, terminó con veinte allanamientos, en los que se identificaron a decenas de personas y se incautaron gran cantidad de armas de fuego y una serie de dispositivos electrónicos con vasta capacidad de almacenamiento. Se comprobó que fueron más de 8,5 millones de pesos los estafados a los clientes.
Las bandas delictivas operaban en distintos puntos del país. la organización Judas cometió engaños por 2.329.000 pesos, El Colombiano (2.360.577 pesos), De los Brasileros (1.102.500 pesos) y Libertad Financiera (2.780.300 pesos).
De esta forma, los detectives de la División Ciberdelito contra el Sistema Financiero de la Policía de la Ciudad pusieron fin a una maniobra de phishing, un método a través del cual los estafadores manipulaban a clientes, en este caso de un banco, logrando robar información confidencial, para terminar vaciando los depósitos bancarios con transferencias a cuentas desconocidas.
Fueron varias las denuncias de clientes de bancos que terminaron con sus cuentas vacías, con el común denominador de que habían sido contactados por quienes creían ser representante del banco, y que en realidad eran estafadores, que les avisaban que en sus cuentas habían detectado operaciones desconocidas o sospechosos y les daban un link para ingresar al homebanking.
Esa página simulaba ser del banco, pero en realidad sólo servía para captar las claves y una vez que los estafadores tenían la llave de acceso transferían a distintas cuentas el dinero hasta vaciar el depósito.
La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Número 1, a cargo del doctor Pablo Recchini, Secretaría del doctor Ángel Rendo, solicitó la intervención de la mencionada división policial para dar con los beneficiarios de esas transferencias ilícitas.
Los detectives de cibercrimen lograron con el rastreo dar con receptores de esas transferencias, y como suele ocurrir en estos casos para dificultar la pesquisa los desvíos fueron a distintos puntos del país.
Una vez que los oficiales tuvieron los domicilios, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 59, a cargo del doctor Alejandro Héctor Ferro, por ante la Secretaría 74, ordenó los veinte allanamientos.
Para ello hubo que comisionar a personal al Interior de país, ya que dos procedimientos fueron en Mar del Plata, otros tantos en Pigüé, uno en Punta Alta, uno en la provincia de Córdoba y otro en la de Corrientes, en tanto que tres fueron en Ciudad de Buenos Aires y el restante en la localidad bonaerense de José C. Paz, al noroeste del Conurbano bonaerense.
La necesidad de la simultaneidad de los procedimientos llevó a que haya una coordinación para cumplir con las mandas judiciales a través de una pantalla en la Sala Cibercrimen dispuesta por la División Protección y Análisis de Riesgo de la Superintendencia de Lucha contra el Cibercrimen.
En varios de los allanamientos, a partir de los informes de los investigadores, concurrieron oficiales de las divisiones de grupos de dispersión y de irrupción.
Encomendados por el magistrado, los oficiales identificaron a decenas de personas en los domicilios y fueron secuestrados 12 armas largas, dos armas cortas (fue detenido un hombre en Córdoba por tenencia ilegal) y gran cantidad de dispositivos electrónicos con capacidad de almacenamiento de datos, como así también numerosas tarjetas bancarias, plásticos y documentación útil para la causa.
