El presidente Javier Milei, afirmó. este Miércoles 23 de Octubre, que «la motosierra sigue más prendida que nunca» durante su discurso en el denominado «Mini Davos» local, celebrado en el «Palacio Libertad» (ex Centro Cultural Kirchner), organizado en colaboración con el World Economic Forum (WEF).
El ultraliberal se vanaglorió de su gestión, basada en una drástica política de recortes en el Estado, aumento desmesurado de tarifas de servicios y alimentos y congelamiento de salarios, lo que derivó en un aumento de la pobreza en el país sudamericano.
Según datos del INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina), en el primer semestre de 2024 el 52,9% de las personas se encontraban bajo la línea de la pobreza y el 18,1% por debajo de la línea de indigencia.
La nueva cifra de pobreza marca una suba de 12,8 puntos porcentuales con respecto a los datos de igual período de 2023 (40,1%).
Si se proyectan los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) a todo el país, casi 25 millones de personas son pobres (6 millones más que en el segundo semestre de 2023), de las cuales 8,5 millones son indigentes.
«Hace 10 meses, casi 15 millones de argentinos decidimos dejar atrás las recetas que empobrecieron nuestro país por más de 100 años para aplicar las ideas de la libertad, que son las únicas que garantizan prosperidad y progreso», comentó Milei.
«Decidimos volver a las bases, estamos corrigiendo el orden macroeconómico cueste lo que cueste.
Estamos construyendo una nueva Argentina sobre tres pilares: macrcoeconomía ordenada anclada en el equilibrio fiscal, esfuerzo titánico para desregular toda la economía y la recuperación del Estado de derecho y cumplimiento de la ley», agregó el mandatario.
Milei destacó que se duplicó el valor de los bonos y cayó el riesgo país de 3.000 a menos de 1.100 puntos «y vamos a seguir bajándolo y tarde o temprano volver a entrar a ser un país emergente en la calificación crediticia y llegar en algún momento de la gestión a ser ‘investment grade'».
Para el presidente, «no es casualidad que tengamos anuncios de inversiones todos los días. Los anuncios del RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversores, ndr) rondan los 150 mil millones de dólares».
«Mientras el resto de la dirigencia se dedicó a ponerle cepo a las libertades individuales con resultados nefastos, nosotros vinimos a ponerle un cepo al Estado, de una vez para siempre», señaló, a partir de la reducción drástica del gasto público.
El mandatario se explayó también sobre la disolución de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), decidida el lunes por su gobierno, según él, «un organismo estatal superpoblado que fue utilizado para perseguir al sector privado».
Agregó que se creó «un nuevo ente impositivo recortando 34% de su estructura».
«Hay un sector de la dirigencia política que lo único que quiere es que nada cambie, que quiere seguir protegiendo sus privilegios a costa de todos los argentinos. Esa oposición carancho dijo que nos íbamos en enero, en Semana Santa, en junio y ahora no saben donde meterse porque la motosierra sigue más prendida que nunca», amenazó.
De hecho, continúan los despidos en las dependencias del Estado. Aproximadamente 10 mil empleados públicos argentinos que hayan cumplido el límite de edad de 65 años o tengan los aportes necesarios deberán jubilarse dentro de los próximos treinta días.
La medida fue hecha pública ayer por el gobierno de Milei a través de una resolución en el Boletín Oficial donde se precisa que el objetivo es «asegurar la eficiencia en la gestión de los recursos humanos, reducir el sobredimensionamiento de las estructuras estatales y reequilibrar las cuentas públicas».
La iniciativa se enmarca en una drástica política de recortes en la administración pública y en el presupuesto estatal que ya ha provocado el despido de 26.600 empleados estatales directos y 8.600 empleados de empresas filiales entre enero y junio.
En su ofensiva contra el Estado, el gobierno anunció también la obligación de realizar un examen de idoneidad para 40.000 empleados con contratos de duración determinada que vencen en diciembre.
La decisión podría exacerbar el conflicto con los sindicatos que ya anunciaron una huelga general del transporte para el miércoles 30 de octubre en la que también participará el Sindicato de Trabajadores del Estado (ATE).
