El intendente de la ciudad fueguina de Río Grande , Gustavo Melella, está bajo investigación judicial por presuntos pedidos de favores sexuales a cambio de trabajo, confirmaron hoy a la agencia Télam fuentes judiciales vinculadas al caso.
Las denuncias incluyen el testimonio, como presuntas víctimas, de Alfredo Suasnabar, un trabajador de la construcción de 55 años, y de Damián Rivas, un carpintero de 48.
La causa, de la que informó hoy el portal Infobae, también contiene la versión brindada a la justicia por otro albañil, de nombre «Mario», quien hace 20 días regresó a Formosa, su provincia natal, y la de Hugo Moya, excustodio del intendente, quien corrobora algunos aspectos de las denuncias.
Melella, del partido kirchnerista Forja, sostuvo hoy que todas esas denuncias son «una campaña sucia» en su contra.
Suasnabar y Rivas dijeron haber conocido al intendente de origen radical y luego volcado a Forja, cuando visitó su barrio y le solicitaron trabajo.
Los trabajadores sostienen que el intendente les pidió los números de sus teléfonos personales y que lo visitaran en el Municipio.
«Empezó a mandarme mensajes de WhatsApp y también me llamaba y me preguntaba si la tenía grande, en referencia al pene, y siempre me pedía si conocía a alguien para presentarle», declaró Rivas al juez riograndense Raúl Sahade, a cargo de la investigación.
«Me decía que yo era un cagón y que nunca iba a hacer nada, y que no podía creer que no tenía ningún conocido para presentarle. Pero yo no iba a llevar a nadie conocido para eso», agregó este testigo, detallado por el sitio web.
Por su parte Suasnabar declaró que en momentos en que estaba desempleado, «sin un peso» para mantener a su familia, el intendente le pidió que fuera a verlo en su departamento.
«…me fui para ahí pensando en que iba a tener trabajo. Subí, me atendió el señor, y me abrazó, me besó y empezó a hacerme cosas», afirmó.
«Yo lo que hice es apartarlo, le dije ‘pará, qué es lo que pasa, yo vengo por el trabajo, no por esto’. Y él me decía ‘entregate'», aseguró Suasnabar.
La causa judicial comenzó a fines de agosto pasado, cuando el abogado Francisco Giménez denunció ante el fiscal Guillermo Quadrini una posible defraudación en obras contratadas por el municipio de Río Grande en el Centro Tecnológico y el Polideportivo del barrio Margen Sur.
Rivas, Suasnabar y «Mario» declararon a los pocos días como presuntos damnificados, ya que aseguran haber hecho trabajos que nunca cobraron, pero en ese contexto detallaron los supuestos acosos de Melella.
«Mario» dijo que el intendente le exigió tener relaciones exuales con él a cambio de entrar en la Municipalidad.
«Me empezó a tocar y tuve miedo de que me haga una denuncia porque es funcionario público, pero necesitaba plata en ese momento», aseguró.
«Tuve relaciones sexuales con él, pero porque él me apuró, yo tenía miedo», declaró «Mario» ante el juez Sahade.
«Recuerdo que no le gustó que yo le diga que no era así como tenían que ser las cosas, así que decidí irme y me dio 500 pesos», agregó en su declaración.
A su vez Moya, el ex custodio del intendente, contó que él llevaba hombres al departamento del funcionario, que permanecían allí unos 45 minutos, y que lo mismo sucedía en el despacho municipal.
Según el abogado Giménez, a partir de entonces se produjo una «manifiesta inacción judicial» respecto de los presuntos abusos.
«El juez, una vez recibida la denuncia, en lugar de enviarla inmediatamente al fiscal para que requiriera la instrucción de una causa, y de esa manera empezar a tomar medidas, se guardó el expediente en su despacho durante más de un mes», afirmó el abogado a Télam.
El abogado contó además que el juez ordenó allanar las empresas involucradas en la presunta defraudación y pidió documentación al municipio.
Pero en el caso de los abusos «no tomó ninguna medida» pese a que los denunciantes «presentaron como prueba los mensajes de audio del intendente para que sean peritados», afirmó Giménez.
«Hace diez días le volví a solicitar al juez que ordene pericias sobre los teléfonos, que secuestre el móvil de Melella, lo habitual en este tipo de casos», apuntó.
«Incluso pedí una orden de restricción de acercamiento del intendente respecto de las víctimas, que dicen haber sufrido amenazas en estos días. Y tampoco hizo absolutamente nada», insistió el abogado, aceptado como querellante en la causa.
La respuesta de Melella
Mediante sus perfiles en las redes sociales Facebook y Twitter, el intendente riograndense difundió mensajes en los que se pone a «total disposición» de las autoridades judiciales y considera que el caso «lanza la campaña electoral en Tierra del Fuego».
«Al peor estilo de la isla. Haciendo campaña sucia en lugar de discutir ideas para mejorar la vida de los fueguinos», afirmó Melella, quien será candidato a gobernador en las elecciones de 2019.
También remarcó que tras siete años de mandato al frente del municipio de Río Grande y de haber sido reelecto con más del 50% de los votos, «nunca» fue procesado «ni mucho menos condenado».
«En todas las encuestas aparezco con una amplia ventaja sobre cualquier otro candidato. En algunas duplico la intención de voto sobre el segundo. Ese es el verdadero motivo de estos ataques», aseguró.
«Por eso se montó esta campaña que implica una inversión millonaria al solo efecto de desprestigiarme», aseguró Melella en aparente referencia a la gobernadora fueguina, Rosana Bertone (PJ), quien aspira a la reelección.
Según el intendente, la «campaña sucia» se basa en «prejuicios, discriminación y cuestiones de la vida privada». Fuente: La Nación y Agencia Télam.
