A la luz de los últimos diagnósticos que trascendieron sobre los índices de mortalidad infantil de las niñeces indígenas en Salta, las organizaciones de Infancia en Deuda (IED) manifestamos, una vez más, nuestra preocupación por las graves vulneraciones de derechos que estas enfrentan día tras día y año tras año. En particular, destacamos las consecuencias gravísimas de la falta de acceso al agua potable y del incumplimiento de la Ley de Salud Intercultural.
En Salta, la situación de las infancias indígenas es alarmante. El Estado sigue incumpliendo de forma evidente su obligación de garantizar los derechos humanos de esta población, manteniéndola en una situación de total exclusión y abandono.
En primer lugar, la provisión de agua continúa en estado crítico. Las comunidades indígenas con las que IED trabaja señalan de manera uniforme que no existe infraestructura hídrica, que los planes de emergencia de provisión de agua son insuficientes, irregulares y que en la mayoría de los casos no brindan agua apta para el consumo humano, y que en los muy pocos casos donde hay obras proyectadas, se encuentran paralizadas y sin avance alguno desde hace años.
Frente a reclamos presentados por estos pueblos, Aguas del Norte -empresa estatal provincial- consideró que no tiene obligación de proveerles agua. Para justificar su respuesta, explicó que solo hay obligación de prestar el servicio en “zonas servidas” y que las comunidades residen en zonas “no servidas”, de acuerdo al decreto 3652/2010. Según esa norma, únicamente hay derecho a asistencia técnica, que debe ser solicitada expresamente por la comunidad y eventualmente puede derivar en obras de provisión de agua o no, según la oportunidad y conveniencia. En otras palabras, para el Estado salteño el derecho humano al agua potable se encuentra condicionado al criterio de oportunidad definido por la burocracia de una empresa estatal.
Respecto de la implementación de la Ley de Salud Intercultural, no existieron progresos reales en la que debe ser una política pública central para evitar fallecimientos infantiles. La ley continúa sin reglamentación ni recursos presupuestarios, y aunque se encuentra en trámite un proyecto, la propuesta es deficitaria porque no ha sido sujeta a consulta con las comunidades originarias. Además, desde enero de 2022 se encuentra incumplida una medida cautelar confirmada por el Tribunal de Justicia de Salta, que obliga al Estado a poner en funcionamiento los albergues de tránsito para las familias que deben realizar tratamientos lejos de sus hogares (artículo 3 de la ley) y a contratar facilitadores y facilitadoras interculturales (artículo 2 de la ley).
Sin embargo, en ninguno de los cuatro hospitales comprendidos en la cautelar (Santa Victoria Este, Orán, Embarcación y Tartagal) funcionan los albergues, y tampoco se han ofrecido soluciones alternativas para las urgencias de salud de niñas y niños. En cuanto a los facilitadores y facilitadoras, en noviembre de 2022 el Estado informó que iban a ser contratadas 20 personas que se distribuirían en diversos centros de salud. No obstante, a raíz de los fallecimientos infantiles recientes en los hospitales de Embarcación y Orán, se constató que en muchos casos no se ha avanzado en la incorporación de personal a estos fines. Además de la falencia en nuevas contrataciones, los facilitadores y facilitadoras que hay no cumplen con el objetivo previsto por la ley de “armonización intercultural entre el sistema de salud y el paciente originario, garantizando su atención y contención” sino que, como informan las comunidades con las que IED trabaja, suelen realizar tareas de portería o limpieza en los hospitales.
Esta situación afecta a las infancias en forma desproporcionada, dañando su salud y conduciéndolas a la muerte. En relación con esto último, la información sobre los fallecimientos de niñas y niños es totalmente opaca. La práctica estatal consiste en difundir datos incompletos, y el gobierno hasta omitió responder a pedidos de información presentados por IED que buscan clarificar el modo en el que se construyen las estadísticas, en directa violación a la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública. Esta situación despierta temores fundados en las comunidades y en las organizaciones, cuyas experiencias permiten, además, inferir que no todas las muertes son efectivamente registradas. Los últimos datos disponibles arrojan que en los últimos tres años fallecieron en la provincia al menos 108 niñas y niños en 2020, 64 en 2021 y 45 en 2022.
En este contexto de violación sistemática de derechos humanos y desidia estatal, las organizaciones de Infancia en Deuda exigimos nuevamente al Estado salteño, a la Defensoría Nacional de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como a los restantes organismos de protección de derechos, que brinden respuestas urgentes para que las infancias indígenas dejen de morir.
