(ANSA) – CIUDAD DE MEXICO, 26 MAR – Un caso insólito de desvío de recursos públicos con tecnología cibernética ocurrió en el céntrico estado de San Luis Potosí, donde «agentes externos» no identificados, posiblemente personas que viven en otro país, sabotearon equipos de cómputo de oficinas públicas para lucrar con criptmonedas. La policía cibernética no ha logrado identificar más que a dos empleados del gobierno que colaboraron en la operación, pero están en proceso de ser encausados por la fiscalía, pero no a los «cerebros» que podrían no ser alcanzados jamás por la justicia. Además, se investiga si habría una red de funcionarios y no solo dos, encargados de realizar esta operación ilegal, en equipos que tenían el software, hardware y la configuración requerida para ese fin, así como una cartera individual donde acumulaban las ganancias.
Las autoridades presumen que los artífices de esta sofisticada estafa ganaron hasta 12 millones de dólares en criptomonedas, usando los recursos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), un organismo que imparte educación media superior y mantiene planteles en todo el país. El caso se descubrió luego que la directora general del organismo en San Luis Potosí, Patricia Alvarez, comenzó a notar que en las oficinas administrativas se registraba un incremento excesivo e inusual de las tarifas de energía eléctrica, al pasar de 4.000 pesos (unos 200 dólares) a unos 50.000 (unos 2.500 dólares). Al hacer una investigación tras comprobar que el error no era de la empresa del gobierno que suministra la energía, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se llegó a la conclusión de que había un exceso de consumo en los ordenadores de las oficinas del organismo. La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública intervino y logró descubrir una «mina» o «granja» de criptomonedas instalada de manera remota, aprovechando recursos técnicos y tecnológicos del organismo público, para cuyo funcionamiento se requieren grandes gastos de energía. Como pago por su colaboración, los empleados del Conalep recibieron un millón de pesos (unos 50.000 dólares) en criptomonedas, señaló al diario Milenio el oficial «K» de la Policía Cibernética. En total, mediante esta acción ilegal se generaron entre 300 y 400 criptomonedas, presumiblemente bitcoins, que tienen un precio actual de unos 44.000 dólares cada una, usando el Nimiq, el sistema de pago descentralizado y resistente a la censura para la transferencia y almacenamiento de valor.
Por la naturaleza de las operaciones de las criptomonedas Nimiq» es difícil saber si los «agentes externos» estaban en alguna parte de México o en algún lugar del mundo y su rastreo podría representar una verdadera «misión imposible». Según Leobardo Orihuela, titular de la Policía Cibernética de San Luis Potosí, existen registros de que los «agentes externos» y sus cómplices tuvieron comunicación hace un año, a través de mensajes de texto para planear esta acción ilegal.
«El negocio lo realizaban de manera ininterrumpida, las 24 horas. Eran equipos enrutados, conectados unos con otros, que consumían mucha luz, mucho internet y muchos enfriadores», dijo Orihuela al diario mexicano. El funcionario indicó que «no hay antecedente de casos similares en México», que requiere de la complicidad de servidores públicos.
Los cinco equipos y servidores utilizados para el «minado» no tenían acceso de grupos o accesos de datos, por lo que las autoridades dijeron que no hay indicios de que en este sabotaje hayan sido vulnerados los datos personales de alumnos o empleados del Conalep. Los dos trabajadores del Conalep involucrados fueron identificados a través de sus huellas digitales y fue cesado el jefe de Informática del Conalep San Luis Potosí, quien no fue identificado.
Este último podría ser acusado por peculado, abuso de confianza y lo que se acumule, si se comprueba que fue el principal vínculo con los «agentes externos». «Tuve que reportarlo a las oficinas centrales y vinieron desde la Ciudad de México. Nos sugirieron denunciar, porque se trata de un delito, ya que utilizaron las oficinas centrales que le dan servicio a todos los planteles de la institución», afirmó la directora de Conalep.
