El Gobierno definió que en 2026 su principal fuente de financiamiento será la emisión de deuda interna en pesos capitalizable, es decir, bonos cuyos intereses se suman al capital y no se computan como gasto público hasta que se pagan. De esta manera, la Casa Rosada podrá mostrar un superávit primario del 1,5% del PBI y un resultado financiero de 0,3%, aunque en realidad el pasivo crece de manera significativa. Para los economistas, se trata de un «déficit escondido» transformado en superávit contable.
Identidad Sindical expresó que, el presidente Javier Milei defendió la estrategia argumentando que el déficit fiscal financiado con deuda tradicional llevó a la Argentina a heredar un pasivo de 500.000 millones de dólares y a la reputación de «defaulteadores seriales». Sin embargo, tanto el Fondo Monetario Internacional como consultoras privadas advierten que el resultado está desalineado con el acuerdo vigente y que los intereses «no contabilizados» terminarán presionando en el futuro.
Según los cálculos de Empiria, el presupuesto prevé un endeudamiento neto de $40 billones en Boncap y Lecap, lo que implica que la deuda capitalizable aumentará 3,8 puntos del PBI, equivalentes a unos 28.000 millones de dólares. En paralelo, se reducirá el uso de otros bonos en pesos, y en 2026 los vencimientos sumarán US$ 18.000 millones en dólares y $128 billones en pesos, una carga difícil de afrontar con tasas de interés del 60% anual y un riesgo país de 1.200 puntos.
Los analistas remarcan que el superávit primario previsto (1,5%) es menor al 2,2% que exige el FMI y que los intereses proyectados por el Gobierno (1,2% del PBI) son los más bajos de los últimos diez años, un supuesto que califican como «llamativamente irrealista». En el último informe del staff, el Fondo esperaba que los intereses crecieran con la eliminación de las restricciones cambiarias y el regreso a los mercados internacionales.
Gabriel Caamaño, de Outlier, sostuvo que la administración está utilizando cada vez más intensivamente los títulos que capitalizan intereses para «achicar artificialmente el déficit». En la misma línea, Francisco Eggers, de la UNLP, señaló que los Boncap son «una trampita contable» que permite transformar déficit en superávit, pero que no resuelve el problema de fondo: la creciente dependencia de deuda interna para sostener el ajuste.
El Presupuesto 2026 se apoya además en proyecciones macroeconómicas que los expertos consideran poco realistas: inflación del 10%, dólar oficial a $1.467 en diciembre y crecimiento económico del 5%. Con un escenario cambiario frágil y un mercado financiero restringido, los supuestos parecen más una apuesta política para sostener el relato del superávit que un diagnóstico económico sólido.
Para los sindicatos y los trabajadores, esta dinámica implica que el ajuste sigue recayendo en el gasto social, las universidades, la salud y las provincias, mientras la deuda se multiplica por vías menos visibles.
