En la época en que la mano invisible del mercado fijaba las reglas. No hace tanto, a comienzos de este siglo XXI, la Argentina tenía el 21,5% de su población desempleada, casi el 50% de los trabajadores no realizaban aportes, el 53% de los argentinos vivía bajo la línea de la pobreza, etc, etc.
Dentro del conjunto de las políticas que se llevaron a cabo a partir del 2003, creo que podemos poner en un lugar destacado la implementación del Plan de Inclusión Previsional en el año 2005, a través de la Ley 25.994 y el Decreto 1.454/05, que permitió que 2.701.933 adultos mayores –que prefiero a la denominación de ancianos que algún diputado preopinante ha utilizado y que me parece poco feliz- puedan ejercer su derecho a la seguridad social, financiando el monto previsional adeudado hasta en 60 cuotas, descontadas mes a mes del haber jubilatorio, luego del pago de la primer cuota.
Y esta reforma permitió elevar en 30 puntos porcentuales la tasa de cobertura previsional en pocos años, pasando del 63,6% en el año 2002 al 93,8% en el año 2013.
Efectivamente se trató de un cambio más que significativo.
El tema de la cobertura previsional de los adultos mayores, que como dijimos hoy ya está en el 93,8%, es una de las marcas más altas de inclusión a nivel mundial y sin embargo el Poder Ejecutivo nos ha presentado este proyecto que hoy estamos considerando para ampliar los beneficios de la inclusión previsional, de manera que la cobertura para los adultos mayores sea prácticamente universal. Creo que sólo un gobierno verdaderamente preocupado por la situación social y por la inclusión toma este tipo de iniciativas, que no sólo están inspiradas en cuestiones de equidad, sino que se hacen con el profundo convencimiento de que estas políticas tienen además un impacto altamente positivo para toda la economía, al dinamizar la demanda, y por lo tanto la producción y el empleo.
No se trata de un dato menor en momentos en que vemos a diario anuncios en el mundo entero de políticas de ajustes que van exactamente en la dirección contraria de iniciativas como ésta. Hay claros signos mundiales de desaceleración económica y las recetas clásicas, aquellas de los que creen en el mercado siempre pasan por los mismos lugares, ajuste del gasto, disminución del empleo público, privatizaciones, etc. En la Argentina, en estos últimos años se hace lo contrario, cada vez que tenemos una situación de cierto amesetamiento en la economía, las políticas son invariablemente contracíclicas y aparecen los planes de vivienda, o los planes para comprar autos o las distintas iniciativas que se llevan adelante todas destinadas a cumplir un doble propósito, el de resolver una necesidad insatisfecha, un derecho no atendido, y al mismo tiempo el de actuar como elementos dinamizadores para la actividad económica con ese claro sentido contracíclico.
Este proyecto que estamos tratando, es una moratoria, y está muy lejos de ser una condonación de deudas, como hemos escuchado decir en algunas intervenciones, incluso dando a entender que esta es una suerte de prebenda u obsequio que se le hacía a quienes no habían cumplido con sus obligaciones previsionales. Es una regularización de deuda que requiere que quienes accedan a ella cumplan con una serie de requisitos y además de que cumplan con una serie de requisitos tendrán que pagar en planes de hasta 60 cuotas, una tasa de interés y una cuota que además será ajustada con la movilidad jubilatoria, corrigiendo un defecto que tal vez tuvo la moratoria anterior que de alguna manera generaba una suerte de desfinanciación del sistema.
Al ajustar la cuota por el mismo coeficiente que se ajusta la movilidad jubilatoria de ninguna manera esta moratoria tiene características de desfinanciación del sistema, todo lo contrario.
Los que están en condiciones de jubilarse al día de la fecha , más aquellos que lo puedan hacer en los próximos dos años, son en general víctimas de la década de los noventa, de distintas situaciones de irregularidad, de etapas de alta desocupación, y este proyecto que estamos tratando viene a actualizar las posibilidades de inclusión de estos adultos mayores.
Tendrá costos, porque todas las políticas sociales tienen costos, pero están absolutamente justificados por la inclusión que se concreta y esto está en el marco del conjunto de las políticas que apuntan a la mejora de la distribución del ingreso, y ésta es una de las herramientas de las más potentes para el logro de ese objetivo. Pero también es esencial, y reitero, considerar que buena parte de estas erogaciones de la moratoria y las nuevas prestaciones previsionales que surjan, serán compensadas por un mayor consumo de los nuevos jubilados y pensionados, mayor demanda de los productos y servicios producidos por las empresas que generan esos productos y servicios y por ende, mayores posibilidades de trabajo y mayores posibilidades de ingresos previsionales y fiscales. Es decir, es una medida que, mirémosla por donde la miremos, entra en el circuito virtuoso de las medidas ya que sus efectos potencian la actividad económica y generan recursos para hacerlo autosentable.
Queda absolutamente claro que con esto no alcanza, que hay que seguir trabajando como acá se ha dicho en la reducción del empleo no registrado, que dicho sea de paso no es ya del 40% sino que es ligeramente encima del 30%, 32%, 33% según las últimas informaciones que se conocen. Se ha avanzado aunque insuficientemente, porque es una asignatura pendiente importante. Hay que seguir dando la batalla por el trabajo registrado pero hay que destacar que las distintas medidas que se han venido tomando están orientadas hacia ese objetivo, sin ir más lejos, la reciente implementación del programa Pro Emplear, que no sólo apunta a la protección del empleo, sino que promueve la la creación de empleos registrados y facilita la inserción laboral. Y toda la lista de leyes que hemos aprobado en este Congreso, destinadas a reducir el empleo no registrado en los sectores en el que éste se encuentra más difundido, como el Régimen de Trabajo Agrario, donde a veces uno se sorprende de ver a dirigentes sindicales que se opusieron al contenido de esta ley de defensa del Trabajo Agrario para incluir a los trabajadores rurales pero que marchan por el Impuesto a las Ganancias; la ley de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares; la Ley de Prohibición del trabajo infantil y Protección del trabajo adolescente; la Ley que instala en el código penal la prisión por utilización del trabajo infantil o la última, la Ley 26.940 de promoción del trabajo registrado y Prevención del Fraude Laboral.
Todos aportes que venimos realizando de iniciativas que este Congreso ha convertido en leyes y que ahora deben ser trabajadas para que esas leyes logren los resultados para los que han sido planteadas.
Son todos avances hacia una política de inclusión y mejora de la dignidad, todas apuntan a mejorar la distribución del ingreso, son un paso más en una tarea que sabemos ardua y compleja, que este gobierno, y este Parlamento aprobando legislación en tal sentido, vienen realizando y que habrá que seguir realizando con otros proyectos, con otras iniciativas que vayan en la misma dirección, para llegar a lo que debe ser nuestra aspiración: que ningún habitante de nuestro suelo se vea afectado por el flagelo de la indigencia o la pobreza. Como éste es uno de los objetivos que perseguimos como fuerza política, desde nuestro espacio, el Frente Nuevo Encuentro, vamos a votar positivamente este proyecto de ley que extiende los beneficios de la inclusión previsional.
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