(Agencia Paco Urondo) La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad dio a conocer cifras del proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia vinculadas al juzgamiento de los delitos sexuales cometidos en la última dictadura cívico-militar en la Argentina.
A 43 años del 24 de marzo de 1976, hay 892 personas condenadas por delitos de lesa humanidad, de las cuales 98 fueron responsabilizadas por delitos sexuales: 95 hombres y tres mujeres.
Las agresiones sexuales cometidas en centros clandestinos consistieron en violaciones, abusos, abortos forzados, desnudez, tocamiento. La Procuraduría señaló que a marzo de 2019, solamente el 12% de las sentencias incluye este tipo de delitos (26 de 219). En esos fallos, se reunieron los casos de 86 víctimas: 75 mujeres y 11 hombres.
Parte de las violencias contra las mujeres fueron los partos en cautiverio y el robo y apropiación de bebés. Hasta ahora, las Abuelas de Plaza de Mayo pudieron encontrar 128, en su mayoría nietos y nietas a quienes se les restituyó su identidad. Pero la búsqueda continúa y toda la sociedad tiene que ser parte.
Los testimonios de sobrevivientes, el trabajo de las querellas y fiscalías, y el avance de las causas permitieron que ese tipo de delitos puedan pasar a ser considerados autónomos de otros cometidos por los genocidas. Así, las agresiones sexuales pudieron ser distinguidas de las torturas, lo que permite dimensionar la violencia de género en los crímenes de lesa humanidad.
Los delitos sexuales fueron parte del cotidiano en los centros clandestinos que funcionaron en el país. Llevó muchos años poder dimensionar la funcionalidad de esta práctica en la planificación del terrorismo de Estado y poder poner en palabras no solamente la memoria, sino también la denuncia. Fue necesario un gran trabajo de abogadas y abogados, sobrevivientes, familiares y testigos para que en el Poder Judicial se empezaran a producir algunos cambios necesarios para contener a las víctimas de esos crímenes, cuando los culpables habían estado sueltos e impunes durante décadas. ¿Qué víctima sobreviviente podía sentirse segura con su violador caminando por las calles?
Los crímenes de violencia sexual no estuvieron aislados del plan represivo general de los genocidas: fueron parte.
Las mujeres, botín de la dictadura argentina
Una exposición en la que fuera la sede de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro clandestino de detención de la Dictadura, muestra la violencia sexual ejercida contra las detenidas desaparecidas.
Los delitos sexuales perpetrados contra las mujeres secuestradas estuvieron silenciados durante décadas. Comenzaron a conocerse de a poco, como casos sueltos, ante los tribunales, pero desde 2011 se investiga su uso «como un mecanismo sistemático, no aislado», en palabras del juez de instrucción Sergio Torres. El magistrado participó este jueves en la inauguración de una muestra que relata los abusos sufridos por las detenidas en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada.
«En 1976, el abuso sexual era lo habitual. No se salvó ninguna compañera. Algunas pudieron decirlo, otras enloquecieron», asegura Graciela García Romero, sobreviviente de la ESMA. García Romero tiene el rostro serio y las manos empapadas de sudor. Es la segunda vez que regresa al lugar donde sufrió torturas, malos tratos y permaneció dos años detenida, junto a numerosos compañeros que al día de hoy siguen desaparecidos. Dudó hasta el último minuto, pero al final se presentó animada por la necesidad de enfrentar «un tabú». Hoy el lugar funciona como un museo dedicado a la memoria.
García Romero ha denunciado a Jorge Eduardo «El Tigre» Acosta por abusar de ella en un lugar ajeno a las instalaciones militares, donde era trasladada cada cierto tiempo junto a otras mujeres. «No fue una situación de violencia porque no era imprescindible, ya estaba secuestrada. La situación de violencia la vivía todos los días. De ahí me volvieron a llevar a los grilletes y a las esposas», relató ante el tribunal del segundo juicio por los crímenes perpetrados por la ESMA.
Ser obligadas a desnudarse frente a sus secuestradores, no poder ducharse después de haber sido violadas, recibir golpes en sus partes íntimas y tener que entregarles su ropa interior empapada en sangre para que les diesen una limpia son otras de las violencias descritas por las 28 supervivientes incluidas en la muestra Ser mujeres en la ESMA.
Las actuaciones en la causa que investiga estos delitos contra la integridad sexual tienen carácter secreto y el nombre de casi todas las víctimas se mantiene en reserva «para evitar exponerlas y revictimizarlas», dice el juez Torres.
