Los procedimientos fueron realizados por la División Investigaciones de Organizaciones Criminales con la coordinación operativa de la Unidad Técnico Operativo Judicial (UTOJ) del Ministerio de Seguridad en el marco de una exhaustiva investigación del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2, a cargo de Pablo Yadarola.
La Unidad Técnico Operativo Judicial es una estructura creada en el ministerio de Seguridad para realizar tareas especializadas y colaborar con la Policía de la Ciudad en investigaciones de causas del Fuero Federal Penal Económico.
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“Este operativo es una muestra más del trabajo conjunto del Ministerio de Seguridad y de la Policía de la Ciudad para combatir el delito en todas sus formas. Y también de la colaboración y respaldo de la Justicia. Esto permite sacar de las calles mercaderías ilegales y apoyar al comercio legal”, afirmó el ministro de Seguridad, Horacio Giménez.
Los allanamientos se realizaron en domicilios particulares, oficinas comerciales y depósitos ubicados en Lanús. También en un barrio privado y en una oficina de un centro comercial de Quilmes. Como resultado de los allanamientos, se secuestraron más de 700 bultos con mercadería de origen extranjero de distintos rubros, principalmente de artículos de electrónica y dispositivos tecnológicos, entre ellos más de 70 celulares, junto con electrodomésticos, perfumes, juguetes, prendas de vestir y herramientas.
También más de 20 millones de pesos, casi 50 mil dólares estadounidenses, vehículos, teléfonos celulares, computadoras, dispositivos electrónicos y documentación de interés para la causa.
La investigación se inició a comienzos de septiembre, a partir de una denuncia generada por la UTOJ sobre una organización que comercializaba productos de origen extranjero sin respaldo aduanero. En ese contexto, los investigadores detectaron perfiles en redes sociales que ofrecían una amplia variedad de artículos, principalmente tecnológicos y electrónicos, y que se encontraban conectados entre sí.
Gracias al rápido accionar, se logró identificar a los responsables de las cuentas y los espacios físicos utilizados como depósitos, showrooms y oficinas de venta. Además, a partir del cruce de información societaria, bancaria, migratoria y registral, se logró reconstruir el funcionamiento de la organización y el rol de cada uno de sus integrantes.
Uno de los investigados cumplía un rol visible en redes sociales, promocionando los productos; otro coordinaba la adquisición de mercadería y la gestión comercial; y un tercero intervenía en la logística y los envíos. A eso se sumaba un cuarto integrante que participaba en tareas de acopio y traslado de los productos.
Las tareas de campo y seguimientos permitieron confirmar la existencia de varios depósitos interconectados, una oficina comercial utilizada para ventas presenciales y una operatoria constante de carga y descarga de bultos con mercadería extranjera.
Además, el análisis de más de 800 envíos reveló un patrón repetido de traslados desde zonas de frontera, como Paraguay y Brasil con procedencia China.
Finalmente, para avanzar con la causa, los agentes usaron la figura del agente revelador: se realizaron compras controladas en los puntos investigados, lo que permitió reunir prueba directa sobre la comercialización de mercadería en infracción a la normativa aduanera y posibilitó los allanamientos.
De esta manera, la organización quedó desbaratada y sus integrantes, cuatro personas mayores de edad, imputados por infracción a la ley 22.415.
