La tensión entre el Gobierno argentino y la Embajada de Rusia sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones de Patricia Bullrich. La ministra de Seguridad había señalado que los audios filtrados de Karina Milei podrían estar vinculados a tareas de inteligencia de exespías rusos y venezolanos.
La respuesta de Moscú no tardó en llegar. La representación diplomática emitió un comunicado en el que desmintió cualquier participación y calificó las acusaciones como “infundadas y falsas”. “El deseo de ver espías rusos en cada esquina es irracional y destructivo”, expresaron, al tiempo que lamentaron que Rusia haya sido “involucrada en un nuevo escándalo político interno de gran repercusión mediática”.
El comunicado también recordó que en octubre se cumplen 140 años de relaciones diplomáticas entre ambos países y reclamó que el aniversario se celebre “como corresponde y no bajo la influencia de una historia de espionaje ficticia”.
Mientras tanto, en el plano judicial, un juez dictó una cautelar que prohíbe la difusión de los audios y el Gobierno impulsó denuncias contra periodistas y medios. Estas medidas generaron fuertes críticas por presunta censura y ya motivaron una denuncia penal contra Bullrich por abuso de autoridad.
La polémica dejó al Ejecutivo en el centro de la escena, con parte del oficialismo intentando despegarse de las acusaciones y con la embajada rusa plantando una posición firme frente a lo que considera una maniobra política sin pruebas.
