Como resultado de una investigación cayó una organización que fabricaba y vendía placas vehiculares, en infracción a las especificaciones del régimen jurídico automotor. Hubo tres detenidos.
La Policía de la Ciudad desbarató una banda que fabricaba chapas patentes en un taller de Ramos Mejía, y las vendía en una casa de repuestos del barrio porteño de Monte Castro. Se secuestraron patentes de varios países, materiales, maquinaria para la confección y fueron detenidos los tres integrantes de la organización.
En el mes de Junio, la División Sustracción de Automotores tomó conocimiento de la existencia de un comercio de autopartes en avenida Segurola al 2400, que vendía patentes vehiculares fuera del circuito legal.
A raíz del hallazgo se le dio intervención a la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 20 a cargo del Dr. Rozas, quien dispuso iniciar una investigación que permitió comprobar que se trataba de una organización criminal que falsificaba chapas patentes en infracción a las especificaciones del régimen jurídico del automotor.
Además las pesquisas revelaron que los imputados tenían otros domicilios en el Gran Buenos Aires, que funcionaban como lugares de confección, acopio de elementos y maquinaria.
Una vez elevada la información recabada, el Juez de Garantías, Marcelo Bartumeu a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 11, libró exhortos al Juez con jurisdicción, y se solicitaron tres órdenes de allanamiento para el domicilio de avenida Segurola y otros dos en la localidad de Ramos Mejía, en el partido bonaerense de La Matanza.
Como resultado de los operativos, en el local de autopartes se logró el secuestro de varias placas patentes, celulares, computadoras y documentación de interés para la causa, mientras que en el taller de Ramos Mejía fueron incautadas maquinarias para la confección, tornería, cuños, planchas de secado, gran cantidad de placas de diferentes provincias y países, ya confeccionadas y sin confeccionar.
En cuanto a los responsables, tres hombres de 76, 63 y 34 años fueron puestos a disposición de la Justicia, imputados por «falsificación de documentos públicos», un delito que para estos casos prevé penas de 3 a 8 años de prisión.
