Los mandatarios y representantes de 18 provincias calificaron de “inconsulta”, “unilateral” e inconstitucional la apropiación de recursos provinciales que implica la aplicación del paquete de medidas económicas implementadas recientemente por el Gobierno Nacional. Exigieron que la Administración Macri “instrumente las compensaciones financieras correspondientes” y anunciaron que en caso contrario “nos veremos en la obligación de buscar amparo judicial a nuestros derechos”.
En el documento rubricado ayer tras la reunión mantenida en la sede del Consejo Federal de Inversiones, los Gobernadores de Tierra del Fuego, Chubut, Neuquén, Río Negro, La Pampa, Santa Fe, San Luis, Entre Ríos, San Juan, Santiago del Estero, La Rioja, Tucumán, Formosa, Catamarca, Salta, Chaco y Misiones, el Vicegobernador de Santa Cruz y el ministro de Economía de Córdoba, dejan en claro que no están “en contra de ninguna medida Córdoba que tenga como objetivo paliar la grave situación económica que atraviesan la mayoría de los sectores de nuestra sociedad”, pero cuestionan que no se haya tenido en cuenta “de dónde saldrán los recursos” para afrontar esas medidas y que se haga compartir a las Provincias “esos costos fiscales (…) generando un despojo de nuestros recursos y colocándonos en una grave situación de desfinanciamiento”. Agregan que lo que no puede hacer el Ejecutivo Nacional “es disponer inconstitucionalmente de recursos que son de las provincias, tanto por el presupuesto en ejecución como por el pacto fiscal”.
En otro de los párrafos afirman que producto del impacto negativo que las medidas tendrán para las arcas provinciales “estamos en grave peligro de no poder afrontar nuestros gastos corrientes, el cumplimiento de las obligaciones salariales, la prestación de servicios esenciales y la preservación de la paz social en cada uno de los estados que representamos”.
Alertan que “esta acción del estado nacional (…) nos pone al borde de una grave crisis que puede empujar incluso a la toma de medidas de carácter excepcional o de emergencia, algo que sumaría más perjuicios a nuestro país”, y que ni pueden permitir esta apropiación de los recursos provinciales por parte del Estado Nacional “solo por el justificativo de intentar atemperar las consecuencias perjudiciales, precisamente de sus propias y malas políticas económicas y financieras, de las cuales los estados provinciales no tenemos ninguna responsabilidad”.
Por ello expresan “enérgicamente que vamos a defender los intereses de nuestros representados, si es que está actitud errática y flagrante hacia nuestros derechos no se revierte” y exigen que “se instrumenten las compensaciones financieras correspondientes para poder cumplir con el normal funcionamiento y la salvaguarda en las prestaciones de los servicios de seguridad, salud, educación y justicia que están a nuestro cargo”.
Manifiestan estar “como lo hemos demostrado siempre, abiertos al diálogo franco y responsable, dejan do sentado que de no ser así, nos veremos en la necesidad de buscar amparo judicial a nuestros derechos”. Fuente: Agenda Legislativa.
