La Suprema Corte de Justicia de México rechazó otorgar rango de «patrimonio cultural» a las corridas de toros y las riñas de gallos en una resolución que asesta un nuevo revés a los aficionados a ambos espectáculos, especialmente a la denominada «fiesta brava».
A juicio del máximo órgano judicial, ninguna de estas dos actividades puede ser considerada como un tesoro cultural del país porque «violan los derechos a un medio ambiente sano».
La resolución es consecuencia de la impugnación de un juez a un decreto del gobierno del estado occidental de Nayarit, que declaró «patrimonio cultural» a ambas exhibiciones.
El fallo fue pronunciado exactamente una semana después de que otro tribunal de la capital mexicana otorgara un «amparo definitivo» a la organización «Justicia Justa» para prohibir las corridas de toros en la plaza México, la más importante del país y una de las más grandes del mundo.
El recurso fue promovido considerando que «el trato a los toros viola el derecho a un medio ambiente sano».
El ministro (magistrado) Alberto Pérez Dayán, autor del veredicto de la Suprema Corte, rechazada sólo por uno de 5 de sus colegas, señaló que ésta tendrá «efectos generales», a partir de su notificación, favoreciendo no sólo «a la organización que lo promovió».
Pérez Dayán argumentó que los animales no pueden «ser considerados como objetos o cosas al servicio indiscriminado de los seres humanos».
Se trata de «especies merecedoras de un trato decente, lo cual exige, al menos que las personas se abstengan de generales sufrimientos, agonía, dolor y muerte, para meros fines recreativos o deportivos», indicó.
Por ello consideró que es contradictorio que bajo el amparo del concepto de «patrimonio cultural», el Estado aplique medidas «financieras, administrativas y educativas tendientes a preservar y fomentar ciertas costumbres, usos, expresiones, manifestaciones humanas».
Además de «no ser generalmente aceptadas ni compartidas por la comunidad» tanto las peleas de toros como de gallos tienden «al desconocimiento o violación de los derechos y libertades del ser humano, no solo en su aspecto individual, sino social o colectivo», expuso.
La ciudad de México no es el único lugar donde se han aprobado normativas que prohíben la llamada «Fiesta Brava».
Por ejemplo, en el norteño estado de Sinaloa, en enero pasado el Congreso local prohibió las corridas de toros, con lo que se convirtió en el quinto estado que adopta esta medida por considerar que implica «actos de crueldad animal».
Antonio Franyuti, director general de la organización Animal Heroes, celebró esta reforma que incluye aspectos como la creación de Centros de Salud y Bienestar Animal, escuelas de adiestramiento, estancias y hospedaje para alojar temporal o permanentemente a los animales, con atención veterinaria.
La iniciativa en Sinaloa había sido aprobada desde inicios de 2021, pero fue vetada por el entonces gobernador Quirino Ordaz, que concluyó su gestión en octubre de ese año y su sucesor Rubén Rocha se abstuvo de adoptar la misma medida.
La tauromaquia se remonta a los tiempos posteriores a la conquista española y la colonia, y resistió también a la era independentista, por lo que tiene mucho arraigo y tradición en el país.
Sin embargo, suele desatar pasiones contrapuestas, lo mismo a favor que en contra, con argumentos que a veces suelen ser igual de convincentes.
Sus defensores aseguran que se trata de una especie de «ritual lúdico» con ciertos ribetes estéticos, que ha inspirado a los exponentes de las bellas artes, pero para sus detractores se trata de una verdadera «carnicería» en la que los animales sufren lo indecible por su crueldad brutal.
Quienes apoyan las corridas, que superan con mucho a los partidarios de las peleas de gallos, argumentan que la prohibición representa un golpe económico porque hay 300 ganaderías en el país que brindan empleo a numerosas personas y aportan recursos al fisco y que sólo 8% de los toros de lidia son llevados a morir en las plazas. (ANSA).
