(ANSA) – BRUSELAS – La rama ejecutiva de la Unión Europea presentó tres procedimientos de demandas contra la red social X, ex Twitter, incluida una acción sobre la sospecha de violación de los estándares de bloque para combatir la difusión de contenido ilegal y desinformación.
La medida fue anunciada justamente en X, la compañía propiedad de Elon Musk, por el comisionado de mercado interno de la UE, Thierry Breton.
«Hoy abrimos tres procedimientos formales de infracción contra X», escribió.
«Sospecha de violación de las obligaciones de combatir el contenido ilegal y la información errónea; sospecha de violación de las obligaciones de transparencia; sospecha de un estándar oscuro en la interfaz del usuario», describió el alto funcionario.
Las acciones están ancladas en la Ley de Servicios Digitales (DSA), una iniciativa de la UE para enfrentar crímenes en línea y la difusión de noticias falsas.
La Comisión Europea disputa las políticas de moderación de contenido X, vaciadas después de la compra de la empresa por parte de Musk, así como la «efectividad del recurso conocido como ‘Notas comunitarias'», por lo que los usuarios mismos publican preguntas sobre información sobre la red social.
Además, Bruselas cuestiona X como supuestamente obstaculizando el acceso a los datos de la plataforma y utilizando un patrón oscuro en la interfaz de usuario con respecto a las firmas al sello azul. «La Comisión ahora realizará una investigación prioritaria en profundidad», dice un comunicado del Poder Ejecutivo de la UE.
Las consultas no tienen una fecha límite para terminar y pueden culminar en una queja formal ante la corte del bloque.
Las regulaciones presuntamente violadas -relativas, entre otras cosas, a la moderación de contenidos- se aplican solo a las grandes plataformas, y X fue designada oficialmente como tal el pasado 25 de abril de 2023, dos meses después de haber informado a la Comisión que contaba con 112 millones de usuarios activos mensuales en la Unión Europea.
La investigación, según explica la Comisión, se basa en varios elementos, como el informe de evaluación de riesgos presentado por X en septiembre, su informe de transparencia publicado el 3 de noviembre y sus respuestas a una solicitud formal de información realizada a mediados de octubre.
Esta última solicitud abordaba, entre otros temas, la difusión de contenido ilegal en el contexto del conflicto entre Hamás e Israel.
Breton, quien afirmó entonces tener indicios de que X estaba siendo utilizado para difundir «contenido ilegal» y «desinformación» en la UE, solo contestó que su equipo analizaría la respuesta de (Linda) Yaccarino (en la que la nueva CEO de X explicaba, por ejemplo, que su plataforma había eliminado cientos de cuentas vinculadas con Hamás).
Margrethe Vestager, vicepresidenta de la Comisión y protagonista en otros sonados procedimientos contra grandes tecnológicas, dijo hoy que la evidencia con la que se cuenta «es suficiente para abrir formalmente un procedimiento contra X».
Las evidencias van en estas direcciones: 1) Sospecha de incumplimiento de las obligaciones de lucha contra el contenido ilegal y la desinformación, que incluye desde el funcionamiento del mecanismo de notificación y acción para contenido ilegal en la UE, hasta los recursos de moderación de contenido de X.
2) Presunto incumplimiento de las obligaciones de transparencia, lo que va desde presuntas deficiencias en el acceso de los investigadores a los datos públicamente accesibles de X (el acceso público gratuito se suprimió tras los últimos cambios de la API, una de las maneras de acceder al Portal de Datos Abiertos de la UE) a deficiencias en el repositorio de anuncios de X.
3) Sospecha de diseño engañoso de la interfaz de usuario.
Se trata del uso de marcas de verificación relacionadas con ciertos productos de suscripción, las conocidas como «insignias azules», que durante unos meses se convirtieron en una pesadilla por los múltiples criterios adoptados por la plataforma para concederlas.
Si se demostrase que X ha incurrido en infracciones de varios artículos de la DSA, la Comisión abriría una investigación propiamente dicha, que podría desembocar en fuertes sanciones o en la obligación de implementar cambios en la plataforma. (ANSA).
