La Corte de Apelaciones de Santiago procesó por primera vez a cinco personas que formaban parte de una red criminal organizada para la sustracción de menores durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1989), un hecho sin precedentes en Chile debido a que la justicia nunca logró acreditar la existencia de una red de adopciones ilegales.
La justicia además envió a la Corte Suprema una solicitud de extradición a Israel respecto a una de las encausadas, la cual reside allí y es considerada la jefa de esa presunta red, Ivonne Gutiérrez Pavez, por entonces titular del Juzgado de Menores de San Fernando.
Según la investigación del ministro Alejandro Aguilar, «en los años 80, en la ciudad de San Fernando, zona central del país, existió una red integrada por abogados, sacerdotes de la Iglesia católica, miembros de organizaciones sociales, funcionarios de salud y una jueza, para detectar y entregar en adopción a menores de edad cuyas madres eran de escasos recursos, a parejas extranjeras previo pago de montos de dineros que habrían llegado hasta los 50 mil dólares».
El juez procesó y ordenó la prisión preventiva de cinco personas por asociación ilícita, sustracción de menores y prevaricación dolosa en la adopción irregular de dos menores de edad de la comuna de San Fernando, que fueron entregados a matrimonios extranjeros.
El ministro encausó a Gutiérrez Pavez, Ismael Espinoza León, Carlos Vega Segura, Laura Silva Sánchez y Sylvia Vilches Rojas por el delito de asociación ilícita.
La ex jueza del Juzgado de Menores de San Fernando, Gutiérrez Pávez fue procesada por dos delitos de sustracción de menores y prevaricación dolosa; y dado que no reside en Chile se solicitó su extradición a Israel.
Espinoza León, Vega Segura y Silva Sánchez también fueron sometidos a proceso como autores de un delito de sustracción de menores.
Según datos de la causa, en el caso 335 se acreditó que «la jueza Gutiérrez Pavez autorizó rauda y aceleradamente la salida del país del hijo de la madre víctima de nombre A.A.R.R, con destino a Estados Unidos el 12 de marzo de 1983, desde el Aeropuerto A. Merino B».
Se indica que en 1982 se había conformado una organización «con definidos roles criminales, en San Fernando, cuya lideresa e integrantes mantenían conexiones permanentes con la ciudad de Santiago, a saber, con una oficina de abogados y guardería infantil, como con las oficinas del Registro Civil de la época; agrupación delictiva que tenía como objeto sustraer o robar infantes con ánimo de lucro (50.000 dólares) para sacarlos del país a diferentes destinos de Europa y Estados Unidos».
Se documentaron testimonios de «madres niñas a la época de los hechos» a las que le fueron sustraídos sus hijos, y escritos en los que se consignan sus firmas para «renunciar a su calidad de madres» entregando voluntariamente a sus hijos, que no se condicen con los hechos acreditados.
«Nadie me entregó información alguna, y cuando fui a averiguar solo me dijeron que había sido llevado a Estados Unidos», se lee en uno de ellos.
En algunos casos, los infantes víctimas, si bien fueron sustraídos, lograron ser recuperados por sus jóvenes madres.
Según cifras del Poder Judicial, cerca de 20.000 menores chilenos fueron adoptados de forma irregular por familias extranjeras durante el régimen, de los cuales solo 1.000 se reencontraron con sus familias.
A juicio del magistrado, los delitos no se encuentren prescritos dado que se trata de delitos de lesa humanidad perpetrados en un régimen militar y que deben ser sancionados de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Las primeras denuncias salieron a la luz en 2014, pero no fue hasta 2018 cuando la Justicia chilena abrió una investigación sobre uno de los episodios más oscuros de la dictadura. © ANSA
