Tras un largo debate, el tribunal regional confirmó que no existe el derecho al aborto en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en la sentencia que publicó hoy sobre el caso Beatriz vs.
(El Salvador)- El caso había sido impulsado por organizaciones proaborto para legalizar la interrupción del embarazo en Latinoamérica. Sin embargo, la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dejó en claro que la muerte de Beatriz, una joven salvadoreña en situación vulnerable, no estuvo relacionada con la negativa de El Salvador a practicarle un aborto ni con su prohibición en ese país.
Tampoco el tribunal regional accedió a declarar el aborto como un derecho, ni consideró a la prohibición de esta práctica como “tortura”, ni se ordenaron reformas legislativas, lo cual era el pedido expreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Ipas Latinoamérica y CEJIL, quienes impulsaron el caso.
Sólo se limitó a condenar al país en algunos puntos secundarios, como la recomendación de actualizar protocolos de embarazos de alto riesgo. No hay, por lo tanto, ninguna consecuencia a nivel regional.
La Corte reconoció además la existencia y derechos de Leilani, la hija de Beatriz, quien padecía una grave discapacidad y había sido invisibilizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los peticionarios. Se genera así un auspicioso antecedente para la protección de derechos de personas por nacer con discapacidad que estaba siendo puesto en cuestión.
Según Sebastián Schuff, presidente de Global Center for Human Rights, “la sentencia efectivamente marca un punto de inflexión en la jurisprudencia de la Corte, que vuelve a respetar la soberanía de los países y la letra y el espíritu de la Convención Americana que dio origen al Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
De hecho sólo hubo un voto parcialmente disidente del juez colombiano Humberto Sierra Porto, quien criticó a sus compañeros de la Corte, la cual según él “abandonó su jurisprudencia previa sobre derechos sexuales y reproductivos”.
El caso, que estuvo envuelto en un escándalo por conflicto de intereses y acusaciones de manipulación, es además un claro signo de la necesidad de avanzar en medidas que garanticen la transparencia e imparcialidad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y eviten su instrumentalización en beneficio de agendas políticas e ideológicas.
