Por Cele Fierro (Referente nacional MST-FIT Unidad). Mentiras, campañas contra la docencia y “clases abiertas” que, en realidad, cierran un doble discurso recargado. La derecha en la Ciudad busca utilizar la educación de niñes y adolescentes como un elemento más del marketing de campaña. Pero en los hechos, todo lo educativo -y público- les es ajeno. ¿Cómo frenarlos?
Baños clausurados o en mal estado, falta de agua, alcohol en gel y sanitizantes, aulas que no cumplen con la distancia social recomendada, mobiliario roto. Como una película con desenlace premonitorio, inició esta semana con decenas de denuncias de docentes y familias, sobre las nulas condiciones sanitarias y edilicias en las escuelas porteñas. Si la pandemia dejó al descubierto las enormes limitaciones educativas, profundizando la exclusión, la desigualdad y la inequidad, obligar a la presencialidad sin haber resuelto los problemas más básicos, es directamente criminal.
La campaña de Juntos por el Cambio para volver a las aulas sin garantizar las condiciones, es doble discurso recargado: mientras dice #JuntosPorLaEducación, vota el presupuesto educativo más bajo desde 2001, cierra jardines maternales, opera judicialmente para no dar explicaciones sobre la vuelta segura a las aulas, recorta vacantes, retacea raciones en los comedores escolares, mantiene el déficit de infraestructura, y paga salarios por debajo de la línea de pobreza a docentes.
El desprecio por la educación estatal de la Ciudad tiene prontuario conocido. En un nefasto fallo a fines de 2020, la Ciudad sólo daría vacantes a escuelas públicas a quienes no puedan pagar una escuela privada, incumpliendo el Art. 24 de la Constitución porteña. Larreta y Acuña, quienes provienen de escuelas privadas, a las que mandan sus hijes, y que han pisado una escuela pública sólo para campaña, son quienes toman decisiones alejados totalmente de la realidad de 750 mil estudiantes.
Son quienes demonizan sistemáticamente los reclamos docentes por mejoras salariales, cuando tienen que trabajar 2 o 3 turnos para llegar a fin de mes. Y mientras, Acuña resalta que un docente de jornada simple gane $36.250 en manos, cuando la canasta de pobreza supera los 54 mil.
Son los mismos que, tras la exclusión y marginación, pregonan la elitización educativa con más del 50% de la matrícula privada, pagan millonarios subsidios a la Iglesia y demás patronales privadas, y a fines del 2020 les reasignó escandalosamente 370 millones del Plan Sarmiento. Si la educación está primera, primero debería estar el presupuesto necesario.
Que las decisiones sobre educación las tomen quienes están alejados de las aulas, es parte de la vieja normalidad que hay que terminar. ¿Quién mejor que docentes, estudiantes y familias conoce el día a día de las escuelas, y puede ser parte de las decisiones para mejorar la educación? Por eso, desde la izquierda sostenemos que es fundamental que, quienes decidan sobre la educación, sean quienes la hacen cotidianamente.
Que la vuelta a las aulas sea en condiciones, requiere que docentes, estudiantes y familias formen Comités de Infraestructura, Higiene y Bioseguridad en todas las escuelas y distritos, para controlar y evaluar la aplicación efectiva de los protocolos y que se cuente con los elementos necesarios. A su vez, que se impulse una Comisión de Interconsulta o Asesoría Sanitaria, con profesionales y trabajadores de la salud de organizaciones independientes, democráticas y de lucha.
Después de una provocadora conferencia de prensa, quedó claro también que Trotta pacta con la campaña de la derecha por una presencialidad plena, aún sin las condiciones necesarias. Para que realmente quienes componemos la comunidad educativa podamos ser parte de la toma de decisiones, es necesario discutir la necesidad de un Congreso Pedagógico en la Ciudad y a nivel nacional, con carácter resolutivo. Donde discutamos qué educación para qué sociedad, de una escuela como espacio de construcción de conocimientos, de crítica, y no sólo de reproducción de saberes. Otra educación, para otro modelo de país, en clave socialista. Opuesto a la elitización permanente de los gestores que gobiernan la Ciudad.
