“Se trata de una empresa que se ha convertido en la número uno del sector agroexportador, que lo ha hecho sobre la base de un endeudamiento fenomenal con entidades del país y del exterior, y que luego hizo un concurso de acreedores. En esa situación, el Estado decide tomar el control de la compañía para proteger a los trabajadores, a los productores que son sus proveedores, y —al mismo tiempo, como lo dice el Presidente, y está planteado formalmente en distintos documentos— utilizar esta nueva empresa del sector público como una empresa testigo en un área tan crítica como la del comercio exterior argentino”, sostuvo esta mañana Carlos Heller, diputado nacional del Frente de Todos.
Consultado sobre la decisión del gobierno de disponer la intervención del Grupo Vicentin y enviar al Congreso una ley de expropiación, el Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados destacó la posición de los acreedores externos de Vicentin: “Un grupo de instituciones financieras internacionales, entre las que se encuentra el CFI y el Rabobank expresaron este martes «su firme disposición a entablar un diálogo constructivo con las autoridades gubernamentales relevantes para discutir la regularización de la deuda de Vicentin» y adelantaron que la resolución del Gobierno «contribuirá a aliviar la situación financiera general de la compañía»”, citó Heller de manera textual.
En declaraciones radiales en La 990 y AM750, el legislador explicó que ese comité “está formado por seis instituciones financieras internacionales: IFC (Corporación Financiera Internacional, parte del Grupo del Banco Mundial), FMO (Banco de Desarrollo controlado por el Estado holandés), ING (es un banco cooperativo), Rabobank, Natixis (de los bancos populares franceses) y Credit Agricole (también es un banco cooperativo)”. Y detalló que el grupo de acreedores se conformó inmediatamente después del anuncio del colapso financiero de Vicentin: “formaron un comité para defender sus acreencias, con el objetivo de negociar la recuperación de los 500 millones de dólares en préstamos que le hicieron a esta empresa”, puntualizó.
Heller comentó que la declaración subraya que “las instituciones financieras que conformaron el Comité Directivo han financiado y apoyado el crecimiento del sector de agronegocios en Argentina durante más de 20 años y son optimistas en cuanto a que una solución satisfactoria a la crisis financiera de Vicentin, incluyendo el pago de su deuda, permitirá a estas instituciones continuar apoyando a la industria de agronegocios en Argentina, la que desempeña un papel clave en los ingresos de exportación para el país”.
Además, el diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires señaló que este mismo comité “hace unas semanas denunció a la filial paraguaya de Vicentin ante la justicia de ese país por evasión y lavado de activos”. Y citó el texto de la denuncia presentada: “Vicentin Paraguay SA exportaría granos a su sede en la provincia de Santa Fe, Argentina, para procesarlos y luego exportarlos como granos paraguayos. Existen sospechas que ello formaría parte de un esquema de evasión fiscal y lavado de activos, para lo cual se aprovecharía Vicentin Argentina SA de esta situación fiscal para pasar como granos paraguayos lo producido en Argentina, y por ende gravado fiscalmente”.
“Si los acreedores financieros argentinos encabezados por el Banco de la Nación, los acreedores extranjeros encabezados por este comité, los representantes de los productores que están sin cobrar y que tienen paralizada la zona, llegan a un acuerdo, estamos frente a la posibilidad de una solución virtuosa para un grave problema”, agregó el legislador, y completó: “no podemos dejar de vincular esto con que Argentina tiene un problema crónico con sus exportaciones, con el ingreso de las divisas, con los precios de transferencia, y ésta parece una excelente oportunidad para intentar modificar estas cosas”.
“Vamos a salvar a la principal agroexportadora argentina, que además se ha expandido horizontalmente con un montón de empresas que, por ejemplo, genera 2.195 puestos de trabajo en la industria aceitera, 1.000 en la algodonera, 376 en la vitivinícola y 2.057 en la planta frigorífica”, enfatizó Heller.
El diputado del Frente de Todos sostuvo también: “a los que quieren meterle miedo a la gente hay que decirles: que exista una empresa del sector público no quiere decir que la Argentina se convierte en un país socialista; los países capitalistas desarrollados de Europa, sobre todo, tienen grandes empresas del sector público: Inglaterra, Francia, Holanda, y también grandes empresas del sector cooperativo que operan en diversas ramas en el sector agropecuario, de seguros, de bancos, inclusive en el sector automotriz, y no por eso han dejado de ser países capitalistas, sino que son países capitalistas que consideran que ciertos sectores de la economía deben ser gestionados, en función del interés conjunto de la sociedad, por quien mejor representa ese interés conjunto, que es el Estado”.
Finalmente, Heller manifestó: “El Estado de bienestar, el capitalismo de bienestar, ese del que el Presidente habla, en todos los países donde se ha desarrollado con éxito lo ha hecho sobre la base de un fuerte sector público en áreas estratégicas”.
