(Reuters) — Víctor Escobar se convirtió la noche del viernes en la primera persona en Colombia con una enfermedad no terminal en morir por eutanasia legalmente regulada, confirmó su abogado Luis Giraldo.
“Llegamos a la meta de que pacientes como yo, que no somos terminales sino degenerativos, ganemos esta batalla, una batalla que abre las puertas a los demás pacientes que vienen después de mí y que ahora mismo quieren una muerte digna”, dijo Escobar, de 60 años, en un mensaje de video enviado a los medios por Giraldo.
El sábado, una colombiana, una mujer con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, también accedió al procedimiento.
Escobar sufría de enfermedad pulmonar obstructiva crónica en etapa terminal, que disminuye en gran medida la calidad de vida, así como una serie de otras condiciones, dijo Giraldo a Reuters.
El procedimiento se llevó a cabo en una clínica en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca.
«No estoy diciendo adiós, solo ‘hasta luego'», dijo Escobar.
Escobar había luchado durante dos años por su derecho a la eutanasia frente a la oposición de médicos, clínicas y tribunales, a pesar de que la Corte Constitucional reconoció el año pasado que el procedimiento no debería estar disponible solo para los enfermos terminales.
El caso de Martha Sepúlveda
El sábado, Martha Sepúlveda se sometió al procedimiento en la ciudad de Medellín al mediodía; informó en un comunicado DescLAB, que apoyó su caso.
Sepúlveda, a quien se le había diagnosticado la enfermedad de Lou Gehrig en 2018, debió acceder a la eutanasia el 10 de octubre del año pasado, pero el procedimiento se detuvo a última hora.
La Corte Constitucional de Colombia eliminó las penas por eutanasia bajo ciertas circunstancias en 1997 y ordenó regular el procedimiento en 2014. La primera persona en Colombia con una enfermedad terminal en morir bajo esas reglas fue en 2015.
Hasta el 15 de octubre del año pasado, 178 personas con enfermedades terminales habían sido sacrificadas legalmente en Colombia desde 2015, según el grupo colombiano de defensa de los derechos legales DescLAB.
