(ANSA) – CIUDAD DE MEXICO, 24 SEP – Las morgues en México están rebasadas por el exceso de cadáveres derivado de la oleada de violencia que sigue sin freno en el país desde que comenzó la pesadilla de la inseguridad hace casi 14 años, configurando una crisis forense en este país latinoamericano.
El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), una de las ONGs anticrimen más activas del país, alertó que los Servicios Médicos Forenses (Semefos) «están desbordados y nadie está haciendo nada por atenderlos».
Los Semefos son los organismos oficialmente autorizados para albergar cuerpos involucrados en actos ilegales antes de concluir investigaciones oficiales, pero ante el alto número de desaparecidos (61.000 según fuentes oficiales) muchos cuerpos pueden pasar meses o años antes de ser sepultados o incinerados.
Francisco Rivas, director de la ONC, presentó el informe Crisis Institucional Forense y Respuestas colectivas frente a la Búsqueda de Personas Desaparecidas, en el cual se muestra en detalle la crisis forense que afecta al país.
Rivas consideró que la desaparición de personas en México, que explica en buena medida esta situación, «no ha recibido la atención prioritaria que necesita ni se ha dimensionado el impacto que tendría en la pacificación del país».
La falta de capacidad en algunos estados para resguardar cadáveres se hizo patente hace dos años, cuando estalló un escándalo al descubrirse un camión portacontenedores que transportaba 150 cuerpos en Guadalajara, la capital del estado occidental de Jalisco.
El remolque solía dar varias vueltas por la ciudad y su periferia pero luego el remolque era aparcado por horas enteras en un vecindario del municipio de Tlamojulco, donde vecinos alertaron a las autoridades sobre un fétido olor que emanaba de ese contenedor.
Posteriormente, las autoridades de Jalisco se vieron obligadas a admitir que se trataba de víctimas no identificadas de la delincuencia organizada, resguardadas en un camión rentado ante la incapacidad de albergarlo en las morgues del estado.
La ley prohíbe la cremación de cadáveres relacionados con crímenes violentos sujetos a investigación, lo que ha sobrepasado la capacidad de los depósitos de cadáveres para mantener los restos humanos.
A partir de la decisión del gobierno mexicano de lanzar una ofensiva a gran escala contra el crimen organizado con apoyo de las Fuerzas Armadas en diciembre de 2006, se contabilizan más de 300.000 muertos y arriba de 61.000 desaparecidos.
De acuerdo con el informe del ONC, «las acciones gubernamentales para atender la problemática de desaparecidos y, en especial, la crisis forense, han resultado tardías e insuficientes».
«La crisis de violencia representa un reto para las capacidades, recursos y procesos científicos del Estado», señaló.
Rivas estimó que el «estado crítico» de los servicios forenses no es nueva y ha sido constante desde hace muchos años» debido a los restos humanos sin identificar y las personas desaparecidas.
Cada vez más estados requieren «más cámaras de refrigeración para aumentar su capacidad de respuesta».
Lo grave es que sólo 4 de los 32 estados del país (la capital, el estado central de Guanajuato y los sureños de Oaxaca y Veracruz) cuentan con patólogos forenses.
El problema radica en que parte de la solución al problema de los desaparecidos, uno de los grandes dolores de cabeza del actual gobierno, que prometió reducir la ola de homicidios intencionales en el país, descansa en atender la crisis forense.
«Mientras los Semefos sigan estando en condiciones deplorables, no vamos a poder avanzar e identificar a las personas, no van a poder disminuir la cantidad de desaparecidos» y lo único que favorecerá es que «este fenómeno siga creciendo», advirtió Rivas.
A juicio del activista, los tres actores fundamentales para resolver este problema son las instituciones del gobierno, los familiares de las víctimas y los organismos internacionales.
Algunas de las medidas apremiantes para afrontar el tema y superarlo son, a su juicio, una mejoría en la colaboración entre fiscalías, un fortalecimiento de las comisiones locales de búsqueda y una mayor colaboración entre colectivos de familiares de desaparecidos. (ANSA).
