En una reciente entrevista, el Presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, reafirmó su postura en defensa de las leyes nacionales y tratados internacionales firmados por su país que defienden la vida desde la concepción.
Manifestó que, en caso de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos falle a favor de la causa abortista en el Caso Beatriz vs. El Salvador, “Costa Rica no tiene ninguna opción más que salirse del tratado”. Esto significa que, de mínima, rechazaría la aceptación de la competencia contenciosa que le había dado a la Corte, por la cual determina si un Estado ha incurrido en responsabilidad internacional por la violación de alguno de los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en otros tratados aplicables al Sistema Interamericano.
https://x.com/GlobalCenter4HR/status/1735268673827344537?s=20
En 2016 el estado costarricense realizó una consulta a la Corte IDH sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo y la Corte emitió una opinión consultiva que recomendó regular este tipo de unión y que el país aceptó. Pero el caso Beatríz vs. El Salvador es muy diferente. Es un caso que elevó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la Corte contra otro estado y Chaves sabe que puede afectar a toda la región en un tema como el aborto, claramente definido en las normas jurídicas nacionales e internacionales.
Tanto el artículo 31 del Código Civil como el art. 12 del Código de Niñez y Adolescencia reconocen expresamente en Costa Rica los derechos de las personas desde la concepción. También lo hace la misma Convención Americana que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) dice defender, en su artículo 4.1. Solo es no punible el aborto terapéutico, regulado en el art. 121 del Código Penal, “si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios”. Sin embargo, el activismo manifiesto a favor del aborto de la CIDH para contravenir estas normas hace temer que la Corte actúe en la misma dirección.
Con respecto al Caso Beatriz, al tratarse de un fallo y no de una opinión consultiva, sus implicancias podrían marcar un precedente aún mayor en la legislación sobre el aborto para todos los países miembros. Pero sin dudas acentuará el cuestionamiento sobre la legitimidad de la Corte IDH a raíz de su creciente tendencia a producir sentencias cada vez más cuestionadas e incluso, a crear derecho, un poder que solo ostentan los poderes legislativos nacionales.
“Estamos analizando con mucho cuidado, porque esto es ajedrez de las grandes ligas” dijo el Presidente Chaves. En caso de abandonar el tratado, Costa Rica tiene un valor fundamental: el tratado al que se refiere es el Pacto de San José de Costa Rica, firmado en esa capital, donde se encuentra la sede de la Corte Interamericana.
También coinciden en una postura similar el nuevo presidente de la Argentina, Javier Milei y su vicepresidente, Victoria Villarruel, quienes, pocos meses antes de asumir sus cargos, firmaron una declaración dirigida a la Corte Interamericana reclamando “que no se manipule la letra de la Declaración Americana de DDHH ratificada por nuestro país y no se distorsionen los hechos en el caso Beatriz vs El Salvador”.
https://x.com/VickyVillarruel/status/1638934390024597504?s=20
Las declaraciones de estos mandatarios van de la mano de la opinión de numerosos expertos e incluso de, hasta el momento, trescientos veintitrés legisladores latinoamericanos que firmaron la misma declaración que Milei y que dudan cada vez más de la legitimidad de la Corte para emitir fallos que impactan de manera directa en cuestiones que conciernen al ámbito legislativo de cada nación.
En los alegatos finales del Caso Beatriz, la defensa se preguntó sobre el rol de la Corte IDH y si es legítimo que tome decisiones propias de otros órganos representativos democráticos, más cuando se trata de una Corte alejada de la realidad social de cada país.
También en la ONU recientemente, legisladores denunciaron que este accionar pasa por encima de las funciones de quienes son democráticamente elegidos por los ciudadanos para legislar.
