Los datos surgen de un exhaustivo relevamiento elaborado por la CTA Capital y el Instituto de Estudios y Formación de CTA Autónoma, en referencia al acuerdo celebrado entre el Ejecutivo Nacional y los holdouts, que acaba de ser aprobado por ambas cámaras del Congreso Nacional. El informe busca evidenciar las repercusiones negativas que el compromiso de pago internacional, tal como fue acordado, arrojará sobre la sociedad en su conjunto.
El trabajo difundido por la Central de Trabajadores de la Capital Federal detalla que el monto acordado a pagar a los fondos buitre es de u$s 12.500 millones, equivalente a $182.500 millones, según el valor de dólar oficial.
José Pepe Peralta, Secretario General de la organización porteña, consideró que “esos valores se contraponen notablemente con los recursos que el Gobierno encabezado por Mauricio Macri destinó, a través del Presupuesto de este año, a sectores muy sensibles como la salud, la educación, los trabajadores y los jubilados, entre otros.
Además señaló que “hay que tener en cuenta que el pago a los fondos buitres, solo es un capitulo de lo que significa encarar el tema de LA DEUDA PUBLICA”, y agregó que “es importante saber que durante el gobierno anterior, se pasó del endeudamiento externo, al endeudamiento publico, vaciando las cajas del Anses, Pami, Banco Central y Banco Nación; excusando de mayor carga tributaria a los grandes grupos económicos, financieros y exportadores, y restringiendo, de esa manera, la utilización de excedentes para el desarrollo interno.
A su vez, el sondeo determinó que el Ministerio de Educación recibirá un presupuesto que representa el 45% de lo que recibirán los fondos buitre, es decir, menos de la mitad. Como ejemplo, el plan FINES recibiría sólo el 0,004% ($ 777.523.957); las obras escolares el 1,43% y la educación para adultos un 0,57% ($ 1.044.617.247). Además, se sabe que los recursos otorgados este año para las Universidades Nacionales son de $8.524.880.748, o sea, el 4,67% de lo destinado a los fondos buitre. En tanto, el Conicet recibirá menos aún: un 3,77%.
Por su parte, el Ministerio de Salud recibirá el 17,44% ($ 31.846.067.202) de lo que se le pagará a los holdouts, es decir, casi 6 veces menos. En ese aspecto, y en relación a un problema actual como lo es la epidemia del dengue, se proyectaron recursos para este año por sólo $ 143.054.268, menos del 0,08% de lo destinado a la deuda.
Pero las sorpresas siguen, porque el documento explicita que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva tiene asignado un presupuesto de $ 9.919.304.133, lo cual representa un 5,43% del monto a pagar a los fondos buitre.
Por otro lado, Peralta afirmó que “el acuerdo también tendrá severas consecuencias sobre la clase trabajadora”, y señaló que, “según la OIT, en 2013 la informalidad laboral en nuestro país ascendía al 44% de los trabajadores, por lo cual es inentendible que el Ministerio de Trabajo destine sólo $ 322.135.256, apenas un 0,17% en relación a los holdouts, para la Fiscalización de Establecimientos Laborales”.
En el ámbito social, el relevamiento resaltó que el dinero destinado a pagar a los fondos buitre equivale a 188.923.395 planes de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que hoy se ubica en los $ 966. En relación a los jubilados, el estudio determina que podrían pagarse 36.801.774 de jubilaciones mínimas ($4959).
A su vez, el análisis pormenorizado de la CTA Capital refleja que, con los $182.500 millones que se pagarán a los holdouts, podrían otorgarse 282.945 créditos hipotecarios máximos ($645.000) del PROCREAR para la compra de terrenos y construcción completa de viviendas. En este punto, Peralta aseguró que “eso repercutiría positivamente en la generación de empleo, la producción y toda la industria de la construcción”.
Además, el lider de la central sindical de la Capital Federal señaló que “teniendo en cuenta que el Salario Mínimo Vital y Móvil actual es de $6060, lo destinado a los buitres equivale a 30.115.511 de salarios”.
En tanto, los datos exponen que la cantidad de despidos en el sector público al 4 de marzo de este año se elevó a 36.627 casos. Si se tomase el hecho hipotético de que todos esos trabajadores cobraran el salario promedio del sector público en 2015, $15.300, el recorte que el Estado cargó contra los trabajadores en este tiempo equivaldría a $ 575.693.100 mensuales, lo cual equivale a 26 años de recortes mensuales de ese valor.
Finalmente, José Peralta manifestó que la CTA autónoma frente a “todas las repercusiones negativas que se evidencian para el país, ratifica que es primordial que se suspendan los pagos hasta tanto se investigue, con real participación de las organizaciones populares, todo el proceso de endeudamiento argentino” y agregó que “es y será necesario identificar qué deudas son legítimas y cuáles no, qué corresponde pagar y qué no” porque afirmó que “las deudas se pagan, pero las estafas no”.
