El consejo directivo de la CGT expresó este martes su «profundo rechazo» al decreto oficial 669/19, que modificó el cálculo de los montos de las indemnizaciones por incapacidad laboral definitiva, muerte de los trabajadores comprendidos en la Ley de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) 24. 557 o por enfermedades profesionales, señaló la central.
«El pueblo soporta un brutal ajuste y una significativa pérdida de poder adquisitivo por las devaluaciones y la inflación incontrolable, a lo que se suma la incesante pérdida de empleo y los indiscriminados aumentos de tarifas de servicios y transporte. Ello generó que las cifras de pobreza e indigencia alcanzaran niveles preocupantes», afirmó la CGT.
Un documento de la conducción obrera sostuvo esta tarde que a horas de la publicación de «esas lapidarias cifras, un insólito decreto modificó el cálculo de intereses hasta el cobro de los beneficios mediante la aplicación del Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), lo que genera un claro perjuicio a los trabajadores beneficiarios de indemnizaciones por accidentes laborales».
También indicó que el decreto oficial procura favorecer a «las empresas aseguradoras, licuando las actualizaciones entre la fecha del accidente y el efectivo pago de la sentencia, que suele demorar años», y añadió que «se desoyó el acuerdo parlamentario original que determinó como condición para aprobar el cambio de ley en 2017 la utilización de la tasa activa del Banco de la Nación para abonar intereses hasta el cobro de los beneficios, por ser claramente más beneficiosa», puntualizó la central sindical.
La CGT enfatizó que «el gobierno adopta desde hace tiempo medidas que protegen a los sectores más poderosos, lo que ratificó hoy, ya que benefició a quienes se enriquecieron estos años por la especulación financiera en detrimento de los trabajadores asalariados».
La conducción sindical calificó a esa situación como «preocupante» e instó al Poder Ejecutivo a abandonar «las políticas de hambre, miseria y exclusión del tejido social».
Por su parte, el sector de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) que responde al ex dirigente estatal Pablo Micheli rechazó también el decreto que redujo las indemnizaciones y sostuvo que «el desprecio del gobierno por los trabajadores ya no tiene límites».
Micheli y los dirigentes José Rigane y Dora Martínez rechazaron en un comunicado «los argumentos oficiales sobre los supuestos incrementos desmedidos que resultan del actual índice con el que se calculan esas indemnizaciones por accidente y enfermedad laboral».
«Es preocupante que a menos de 48 horas de que el presidente Mauricio Macri haya jurado que ‘ahora se viene el crecimiento del empleo y los salarios’ decida el castigo de los trabajadores que se accidenten o se enfermen para beneficiar a los mismos sectores concentrados de poder», puntualizaron los dirigentes gremiales en el documento.
Para ese sector de la CTAA, una vez más «se corta el hilo por lo más delgado y se ataca a los trabajadores para descargar un ajuste que no generaron ni generan, a fin de abonar una deuda que contrajo el gobierno solo para dilapidar hasta el último centavo de dólar y enriquecerse a costa del empobrecimiento generalizado del pueblo argentino».
Los sindicalistas repudiaron «la nueva arbitrariedad oficial» y ratificaron «la lucha en rechazo de todas las políticas ejecutadas en detrimento de las trabajadores y del pueblo» y «la continuidad de la permanencia en las calles en contra del ajuste y la pobreza». Fuente: 4 semanas.
