El bloque del Frente de Todos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rechazó, este jueves durante la Sesión ordinaria, el proyecto de Emergencia Económica presentado por el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.
Durante su intervención en el Salón Dorado de la Legislatura porteña donde se llevó a cabo la Sesión, la legisladora, María Rosa Muiños, expresó que «la ley de Emergencia del Ejecutivo no cumple con ninguna de las cosas que nosotros solicitamos en ese debate. Básicamente, no tiene un control serio. Nuestro proyecto de minoría contempla proyectos que fuimos presentando en cuanto al destino del gasto, que es lo que falta en esta Ley. El Ejecutivo ordena de dónde van a sacar los recursos pero no dice a dónde van».
Por su parte, la legisladora, Cecilia Segura, hizo referencia a la Comisión de Seguimiento propuesta por el oficialismo como “una comisión de la convalidación de la impunidad”. «La ley plantea la creación de una Comisión de Fiscalización pero con mayoría oficialista y presidida por un diputado o diputada también oficialista. Más que de fiscalización, esta es una comisión de convalidación de la impunidad», agregó.
A su turno, el legislador Leandro Santoro aludió a “la pantomima o demostración teatral del consenso” por parte del Ejecutivo porteño y dijo no querer que “pase lo que pasó ayer que sacaron recursos de los comedores escolares para beneficiar al concesionario de los subterráneos Benito Roggio”. También exigió al Gobierno de la CABA, que convoque a la oposición para gestionar la emergencia, de la misma forma que lo hizo el Gobierno Nacional.
Al momento de tomar la palabra, el legislador y vicepresidente del bloque, Javier Andrade, agregó que “la discrecionalidad, la falta de especificación sobre el destino de los recursos y la no priorización de atender a los más vulnerables es lo que nos lleva a no poder acompañar este proyecto”.
El bloque del Frente de Todos había presentado un proyecto alternativo a través de un dictamen de minoría, que incorporaba a la Ley de Emergencia la protección de las actividades económicas más golpeadas, como restaurantes, hoteles, taxis, centros culturales y clubes deportivos, entre otros.
La propuesta contemplaba también un refuerzo para el programa Ciudadanía Porteña y la obligación de destinar recursos para atender situaciones de violencia de género, a través de la difusión, el acceso a la justicia, el acompañamiento en refugios y subsidios.
Además, establecía el deber de convocar a la Auditoría General de la Ciudad a realizar un examen de las compras y contrataciones.
“La Ciudad necesita una Ley de Emergencia, pero debe ser para ayudar a la gente. No podemos acompañar un proyecto de emergencia que no nos garantiza que se destinen los recursos al sistema de salud o a proteger a la población vulnerable. En este contexto, no podemos apostar por un proyecto que recorta programas sin precisar qué destino tendrá”, consideraron los legisladores del Frente de Todos.
«Venimos reclamando más recursos para los barrios populares, insumos para los trabajadores de la salud, refuerzos alimentarios para la población más humilde y medidas concretas para atender las necesidades de los distintos sectores económicos de la Ciudad que están siendo afectados por la caída de la actividad como las pymes, los pequeños comerciantes y monotributistas, entre otros”, sostuvieron.
“Nos preocupa que el proyecto concede una serie de superpoderes al Poder Ejecutivo porteño sin establecer mecanismos de control confiables. Como legisladores, queremos ejercer nuestras responsabilidades de manera correcta y no que nos las recorten. Este es un momento para fortalecer las instituciones, no para achicar sus funciones», indicaron desde el bloque.
“Estamos en un contexto muy complicado, venimos trabajando en conjunto los distintos niveles del Estado para enfrentar esta pandemia entre todos. Le pedimos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que priorice la atención de aquellos que más lo necesitan”, afirmaron los legisladores.
«Desde el Frente de Todos venimos proponiendo la implementación de un protocolo para barrios populares, más insumos para el sistema de salud y para sus trabajadores y programas de refuerzos alimentarios. A cambio, nos encontramos con un proyecto que como solución plantea la posibilidad de recortes en áreas fundamentales como vivienda y ajuste en los salarios de los trabajadores estatales”, concluyeron.
