La División Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad realizó un allanamiento en una clínica clandestina que funcionaba de manera ilegal en el Barrio 31, en el marco de una investigación por ejercicio ilegal de la medicina, falsificación de documentos públicos y comercialización indebida de medicamentos.
El operativo se llevó a cabo en una propiedad ubicada en la calle Sara Beatriz Fernández al 400, y contó con la participación de brigadas de Delitos Complejos, personal del Ministerio de Salud de la Nación, de la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFyC), Agencia Gubernamental de Control (AGC) y cuerpos de apoyo táctico DOU y DUTP 1.
El procedimiento se concretó tras una investigación que permitió establecer que el lugar funcionaba como consultorio sin la habilitación correspondiente ni controles sanitarios básicos.
En el lugar fueron identificados dos médicos —un hombre de 58 años y una mujer— imputados por infracción al artículo 204 del Código Penal (propagación de enfermedades), a la ley 17.132 que regula el ejercicio de la medicina, y a la ley 16.463 sobre medicamentos, aunque se dispuso su soltura en el lugar tras las actuaciones judiciales.
Durante la inspección los oficiales hallaron múltiples elementos médicos que afirmaban la hipótesis de una clínica ilegal, entre ellos camillas, estetoscopios, termómetros, nebulizadores, un ecógrafo, y un sistema de monitoreo de glucemia. También los detectives secuestraron medicamentos vencidos, recetas oficiales con sellos apócrifos del Hospital Fernández y documentación médica falsificada, entre ellas recetas y certificados extendidos con firma y sello de un médico ajeno al lugar.
Según la investigación, este consultorio clandestino sería la continuación de otro establecimiento allanado y clausurado en julio de 2024, también por operar de forma ilegal. Aquel procedimiento había cobrado notoriedad pública tras descubrirse que atendía incluso a personas heridas de bala y que en el lugar se halló un arma de fuego. Los investigadores tratan de determinar si se habría trasladado aquella actividad ilícita a la nueva dirección.
Además, en esta causa se determinó que uno de los médicos imputados emitía recetas y certificados médicos utilizando el sello y la firma falsificada de un colega sin su consentimiento.
Por su parte, la AGC dispuso la clausura administrativa del lugar.
En el caso intervienen la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas 15, a cargo del Dr. Federico Tropea y el juzgado 26 de ese fuero, a cargo del Dr. Nicolás Repetto.
