(ANSA) BRASILIA – La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) comenzó este martes el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro y otros siete acusados por el intento de golpe de Estado de anular los resultados de las elecciones de 2022.
Se trata de uno de los casos más importantes de la historia brasileña, que se prevé tendrá repercusiones en la política nacional e incluso en la contienda presidencial de 2026.
Bolsonaro, bajo arresto domiciliario desde principios de agosto por violar medidas cautelares, está acusado por la Fiscalía General de tentativa de abolición violenta del Estado de derecho, intento de golpe de Estado, participación en organización criminal armada, daño agravado y deterioro del patrimonio histórico, y podría enfrentar hasta 43 años de prisión.
Además de él, serán juzgados los exministros Anderson Torres (Justicia), Augusto Heleno (Oficina de Seguridad Institucional), Paulo Sérgio Nogueira (Defensa) y Walter Braga Netto (Jefe de Gabinete).
También se sientan en el banquillo de los acusados el exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) Alexandre Ramagem, el excomandante de la Marina Almir Garnier y el teniente coronel Mauro Cid, exayudante de campo de Bolsonaro, cuyo acuerdo de culpabilidad es uno de los pilares de la investigación.
Con la excepción de Ramagem y Torres, todos son militares.
El juez ponente del caso es el ministro Alexandre de Moraes, principal enemigo de Bolsonaro y objeto de sanciones estadounidenses.
La Primera Sala también incluye a Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino y Luiz Fux, una composición que no favorece al expresidente.
Analistas y medios de comunicación brasileños consideran que Bolsonaro será condenado, y a lo sumo creen que el magistrado Fux puede emitir un voto en disidencia.
Para la politóloga e investigadora de la Universidad de São Paulo (USP) Thais Pavez, quien estudia el fenómeno de la extrema derecha brasileña, una posible condena profundizará el aislamiento del expresidente y su dependencia de intermediarios, pero no disminuirá la fuerza del bolsonarismo, que «seguirá intentando luchar en las calles», incluso privado de su figura principal.
«El bolsonarismo es un movimiento social profundamente arraigado, y hemos realizado investigaciones que demuestran que Bolsonaro es visto como un líder que podría liderar un cambio radical en la sociedad, pero sus partidarios admiten la posibilidad de que otro líder tome ese liderazgo», declaró a ANSA.
Una eventual condena «no sería una derrota para el bolsonarismo, porque hay otros líderes que podrían reivindicar el movimiento, incluso sin la aprobación de la familia Bolsonaro».
Por otro lado, encarcelar al expresidente inevitablemente afectaría la capacidad de movilización de sus partidarios, que constituye la fuerza de un movimiento capaz de transmitir «la sensación de ser siempre mayoría e inhibir al bando contrario».
«La presencia pública es muy importante para el bando de Bolsonaro porque es un líder carismático cuyo poder se refuerza cuando está en las calles», explica Pavez.
Independientemente del fallo del Tribunal Supremo, Bolsonaro está inhabilitado hasta 2030, por lo que la candidatura de 2026 está vance y la disputan los hijos del expresidente, la ex primera dama Michelle Bolsonaro, y gobernadores como Tarcísio de Freitas (San Pablo), Romeu Zema (Minas Gerais) y Ronaldo Caiado (Goiás).
La politóloga Pavez apunta que «Eduardo y Michelle eran posibles candidatos, Pero parte de la base de Bolsonaro desconfía mucho de sus hijos, y Eduardo, con este asunto de los aranceles, ya ha sido puesto en el punto de mira de los tribunales y seguramente quedó fuera de la contienda».
«Michelle está en la contienda y tiene una estrecha relación con la comunidad evangélica, pero existen disputas internas en la familia Bolsonaro con respecto a ella», agrega la analista.
El juicio ante el Supremo Tribunal Federal está programado para los días 2, 3, 9, 10 y 12 de septiembre. Esta es la primera vez que un expresidente brasileño es imputado en un caso relacionado con un intento de golpe de Estado.
Según la Procuraduría General de la República (PGR), Bolsonaro lideró el núcleo central de una organización criminal armada diseñada para desacreditar el sistema electoral, incitar ataques a las instituciones, subvertir los resultados de las elecciones de 2022 y mantenerse en el poder a pesar de su derrota electoral ante Luiz Inácio Lula da Silva.
La investigación incluye los campamentos golpistas frente a los cuarteles de las Fuerzas Armadas, un plan denominado «Puñal Verde y Amarillo» que buscaba el asesinato de Moraes, Lula y el vicepresidente electo Geraldo Alckmin, así como un proyecto de decreto que declaraba el estado de sitio y que habría impedido la toma de posesión del líder del Partido de los Trabajadores.
Todos estos acontecimientos, según la Fiscalía General de la República, culminaron en los atentados golpistas del 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes de Bolsonaro irrumpieron en las sedes de los tres poderes del gobierno para exigir la intervención militar y el derrocamiento de la democracia.
El juicio se desarrolla en medio de los ataques estadounidenses a la economía y el sistema judicial brasileños, que incluyeron un aumento del 50% de los aranceles a los productos brasileños.
Para justificar la medida, el presidente Donald Trump utilizó como principal excusa una supuesta «cacería de brujas» contra Bolsonaro, quien recientemente fue acusado por la Policía Federal por intentar obstruir los procedimientos del Tribunal Supremo (ANSA)
