También fueron hallados residuos patogénicos sin tratamiento ni disposición adecuados y certificados impresos con sellos de médicos de diferentes especialidades listos para ser completados.
Del allanamiento, en el establecimiento ubicado en Ramón Falcón al 6900, participaron oficiales de la División Delitos Contra la Salud de la Policía de la Ciudad junto Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal.
También, a pedido de la Unidad Fiscal en Materia Ambiental (UFEMA) del doctor Carlos Rolero Santurain, Secretaría del doctor Ricardo Bomparola, concurrió personal del Ministerio de Salud de la Nación, la Agencia Gubernamental de Control (AGC), de la Dirección General de Control Ambiental (DGCONTA), de la Dirección General de Limpieza (DGLIM) y del Departamento de Investigaciones de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA).
La denuncia fue radicada el 17 de noviembre de 2021, por un profesional de la salud, que daba cuenta que en el centro médico se emitían certificados falsos, utilizando su firma digitalizada y la razón social de la empresa a la que pertenece, simulando ser una sucursal.
Previamente, en febrero pasado, el centro médico había sido clausurado por poseer habilitación en trámite y no habilitado en uso, luego de una inspección por una denuncia de un vecino que indicó que en el lugar se arrojaban a la vereda residuos patogénicos sin la debida protección.
El allanamiento solicitado por el fiscal fue autorizado por el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Número 3, a cargo de la doctora Carla Cavaliere y ante la Secretaría de la doctora María Elizalde.
Los oficiales secuestraron tres PC dos teléfonos celulares, el DVR del lugar y documentación, entre ella certificados de PCR apócrifos. También comprobaron la maniobra de extender esos certificados con un sello de un laboratorio ajeno.
Los funcionarios también hallaron gran cantidad de residuos patológicos sin el tratamiento adecuado, además de no haber ningún protocolo de tratamiento.
A su vez, los oficiales certificados pre impresos con sellos de médicos de diferentes especialidades, listos para ser completados con los datos de los pacientes y sellos médicos.
Este establecimiento funcionaba pese a que tenía clausura vigente ya que no estaba habilitado por el Ministerio de Salud ni por la AGC. La muestra de ello es que durante el procedimiento había pacientes aguardando se atendidos.
Al momento del procedimiento no se hallaba el director médico y en su lugar estaba a cargo una mujer de 57 años..
El Ministerio de Salud de Nación dispuso nueva clausura y AGC, DGCONTA y DGLIM realizaron actas por faltas administrativas, y de seguridad e higiene.
En consulta con la Fiscalía interventora se dispuso de la notificación a la imputada, por infracción al artículo 292 del Código Penal sobre falsificación de documentos, y acta contravencional por infracción al artículo 82 sobre violación de clausura.
La fiscalía también amplió la imputación al haberse secuestrado documentación vinculada con prácticas médicas no autorizada (Consentimiento Informado-Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo Ley 27.610).
También ordenó el secuestro de los certificados pre impresos y sellos médicos a fin de establecer posibles damnificados y el alcance de la maniobra.
