Los cuatro acusados de las ciberestafas quedaron detenidos y a disposición de la Justicia. Todos eran integrantes de una misma familia. “El jefe” tenía antecedentes por este tipo de delitos. Luego de un trabajo de meses, la Unidad Especializada en Ciberdelitos de Azul solicitó la colaboración de la Superintendencia de Lucha contra el Cibercrimen de la Policía de la Ciudad.
El ministro de Seguridad, Waldo Wolff, destacó el trabajo conjunto entre la fiscalía especializada y los oficiales de Cibercrimen porque “han logrado desbaratar una banda de estafadores pero, además, por liderar la labor en este tipo de delitos que, lamentablemente, es lo que se viene. Tenemos una fuerza de seguridad de vanguardia, tanto por su formación y capacitación como por el uso de tecnología que utilizan para combatir el delito”, agregó.
En la sede del Departamento Central de la Policía de la Ciudad, se reunieron el Jefe de la Policía y Secretario de Seguridad porteño, Diego Kravetz, el Fiscal General del Departamento Judicial de Azul, Marcelo Sobrino; el Fiscal a cargo de la Investigación de Ciberdelitos de Azul, Lucas Moyano, y el Superintendente de Lucha contra el Cibercrimen de la Policía de la Ciudad, comisario general Carlos Gabriel Rojas.
Kravetz aseveró que “la Superintendencia de Cibercrimen cuenta con tecnología de punta y eso nos permite estar ayudando a la Justicia, en este caso a la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, para poder desbaratar estabas bandas que delinquen con modalidades nuevas”.
En agosto del año pasado un residente en Tandil denunció que le habían vulnerado su correo electrónico y, de esta manera, habían logrado tomar el control de algunas de las aplicaciones que tenía en su celular, entre ellas, una aplicación de inversiones.
Una vez que accedieron a la misma transfirieron 30.000 dólares que luego los convirtieron a moneda nacional a través de la venta de dólar MEP y lo transfirieron a distintas cuentas bancarias para realizar el retiro de gran parte de ese dinero en efectivo, la suma de 31.000.000 de pesos, en una sucursal bancaria de la Ciudad de Buenos Aires.
Cuando la víctima se percató que había perdido el control de su correo y que le habían cambiado la contraseña del fondo de inversión, logró reestablecerla a través de la propia aplicación, pero los delincuentes volvieron a hackear las aplicaciones y comenzaron a enviarle repartidores a su domicilio y a llamarla por teléfono para amenazarla.
Fue entonces que la Unidad Fiscal Especializada en Investigación de Ciberdelitos de Azul, correspondiente al Departamento Judicial de Tandil, a cargo del Dr. Moyano, solicitó la intervención de la División Investigaciones Especiales de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad para dar con los autores del delito.
Como resultado de la investigación se corroboró que, detrás del ilícito, se encontraba una organización criminal compuesta por familiares y allegados, donde el principal investigado poseía antecedentes por estafas reiteradas.
Los investigadores realizaron un análisis exhaustivo de las operaciones bancarias y pudieron establecer que algunas de las cuentas que recibieron parte de los fondos robados se encontraban bajo la titularidad de familiares y allegados de los criminales, una familia organizada para realizar estafas informáticas y desvío de fondos.
Asimismo, se examinaron las direcciones IP de las cuentas que recibieron dinero y los impactos de las antenas telefónicas, lo que permitió determinar que los lugares de retiro de efectivo y las personas investigadas coincidían.
Como consecuencia, la Justicia solicitó cuatro allanamientos, dos de ellos en los barrios de San Telmo y Balvanera, y la detención de los cuatro implicados, entre ellos el principal investigado y dos mujeres de la familia.
El principal imputado contaba con numerosos antecedentes penales por falsificación de documento privado, asociación ilícita (formaba parte de una banda dedicada a las estafas mediante tarjetas de crédito), encubrimiento agravado por el que le habían dictado prisión preventiva, hurto, fraude y falsificación de moneda, cometidos entre 2002 y 2016.
A su vez, las autoridades secuestraron 10 celulares, más de 700.000 pesos, más de 5.000 dólares, 9 notebooks, 19 tarjetas, 2 CPU y documentación de interés para la causa.
También, encontraron un revolver Smith and Wesson calibre 357 Magnum, lo que le significó a la cabeza de esta organización, una imputación más, en este caso por tenencia ilegal de arma de guerra solicitado por la Fiscalía Este de Flagrancia Penal, Contravencional y de Faltas del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
