Los procedimientos se realizaron en domicilios ubicados en Santa María de Punilla (Córdoba), La Banda (Santiago del Estero), Cruz Alta (Tucumán), Paraná (Entre Ríos), Presidente Derqui, González Catán, Villa Bosch, Alejandro Korn, General Rodríguez y Campana (provincia de Buenos Aires), además de un operativo en la provincia de Chaco.
En este marco, se secuestró una importante cantidad de elementos tecnológicos y financieros relevantes para la investigación, entre ellos 25 celulares, computadoras, notebooks, pendrives, tarjetas bancarias de débito y crédito, tarjetas SIM, blísteres de chips sin uso, documentación y cuadernos con anotaciones.
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La investigación fue desarrollada por la División Conductas Tecnológicas Ilícitas de la Policía de la Ciudad, con la colaboración de otras dependencias especializadas de la Policía de la Ciudad, contando además con la intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°4 de Martín Yadarola, Secretaría de la Dra. Lamas.
La causa se inició a partir de denuncias formuladas por una empresa de telecomunicaciones que detectó irregularidades en varias líneas de celulares cuyos titulares sufrieron la sustracción de dinero de sus cuentas bancarias.
A partir de ese disparador, los investigadores lograron reconstruir el modus operandi de la banda: la maniobra consistía en engañar a las víctimas para obtener imágenes de sus documentos de identidad y fotografías personales, las cuales eran utilizadas para falsificar formularios de “cambio de titularidad” de líneas telefónicas.
Con esa información, los delincuentes realizaban el traspaso de la línea a nombre de uno de los integrantes de la organización, quien luego se presentaba en forma presencial en una sucursal de la empresa telefónica para solicitar un nuevo chip.
De ese modo, al insertar la tarjeta SIM en otro dispositivo, lograban recibir los códigos de verificación necesarios para acceder a cuentas bancarias y aplicaciones de pago, desde donde sustraían el dinero mediante transferencias.
Las tareas investigativas incluyeron el análisis de transferencias monetarias, registros de conexiones IP, aperturas de celdas y seguimientos encubiertos, lo que permitió establecer que la organización operaba de manera coordinada en distintas provincias del país.
Como consecuencia de los procedimientos y las pruebas recolectadas, el Juzgado convalidó la detención de los siete imputados, quienes fueron indagados y quedaron procesados con prisión preventiva.
