La Cámara de Diputados aprobó esta mañana en general por 131 votos a favor el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, mientras que 117 legisladores votaron en contra de la iniciativa y 6 se abstuvieron, tras un extenso debate que se prolongó durante más de 20 horas, mientras manifestantes ‘verdes’ y ‘celestes’ siguieron las alternativas de la sesión durante toda la noche en las inmediaciones del Congreso.
La media sanción del proyecto fue celebrada con aplausos y gritos en el recinto por diputadas y diputados que promovieron el dictamen que autoriza la interrupción voluntaria del embarazo, festejos que se repitieron en la Plaza Congreso, donde los manifestantes se abrazaban y agitaban sus pañuelos verdes.
La iniciativa sancionada esta mañana, que dividió las aguas de los bloques parlamentarios, ahora fue girada al Senado, que deberá debatir si respalda el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.
A lo largo de la maratónica reunión del pleno del cuerpo, expusieron durante poco más de 20 horas 164 oradores a favor y en contra del proyecto y en el último tramo cerraron el debate los diputados que defienden cada uno de los dictámenes de mayoría y minoría.
«El mundo es injusto, pero la respuesta no está en nuestro útero. Al contrario, el mundo es injusto porque está construido hace 500 años sobre un sistema basado en la explotación de las mujeres», dijo la diputada Gabriela Cerruti (Frente de Todos) en el último discurso de la extensa sesión.
Previamente, la diputada nacional de Consenso Federal, Graciela Camaño, aseguró hoy que la legalización del aborto «es inconstitucional», dijo que con el debate de la interrupción voluntaria del embarazo «retrocedemos 207 años» y se preguntó: «¿Creemos en serio que estamos ampliando derechos?».
La sesión especial, que comenzó ayer poco después de las 11, contó con la asistencia en el palco de invitados de la ministra de Mujeres y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta; la secretaria de Salud, Carla Vizzotti; y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; y el ministro de Salud, Ginés González García, entre otros.
Tras la aprobación del proyecto se comenzó a discutir el dictamen que establece un Plan de los 1000 días de protección integral de la mujer embarazada hasta los primeros años de la infancia.
Votación Nominal – LEY DE REGULACIÓN DEL ACCESO A LA I.V.E. Y A LA ATENCIÓN POSTABORTO. by Télam on Scribd
Como sucedió en otros debates históricos, como la ley del divorcio, el matrimonio igualitario, la ley de reproducción responsable, y el aborto en el 2018, las aguas se divien no por afinidad política sino por las propias convicciones de cada legislador.
Los discursos muestran la división transversal que genera el proyecto que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14.
Los argumentos de quienes impulsaron la legalización del aborto subrayan que se trata de un problema de salud publica y una herramienta para terminar con los abortos clandestinos, mientras quienes se oponen dijeron que se deben salvar las dos vidas y que ese principio está contemplado en la Constitución Nacional
A abrir el debate como miembro informante del dictamen de mayoría, Cecilia Moreau (Frente de Todos-Buenos Aires) sostuvo que tanto el proyecto de legalización del aborto como el Plan de 1000 Días «promueven más justicia social y cuidan la salud entendida de manera integral».
Moreau afirmó que ambas iniciativas «profundizan una política de salud pública que tiene como eje el acompañamientos de las mujeres y personas gestantes y garantiza básicamente el derecho a decidir, requerir y acceder a la interrupción del embarazo hasta la semana 14 inclusive».
La diputada del Pro, Carmen Polledo, defendió el dictamen de minoría de rechazo al aborto y señalo que la iniciativa busca la «eliminación de un ser que se está gestando en el vientre materno y allí hay vida».
En su discurso, Polledo, vicepresidenta de la Comisión de Salud, consideró que «el embrión es un ser humano con ADN propio y por eso tiene derecho desde la concepción».
El presidente de la comisión de Acción Social y Salud Pública, Pablo Yedlin (Frente de Todos) sostuvo que el proyecto «no va contra de las creencias de nadie» y recordó que «hace 100 años que se decide condenar a las mujeres a la clandestinidad».
Para la presidente de la comisión de Legislación Penal, Carolina Gaillard, se trata de «un día histórico para las mujeres de nuestro país», y consideró que «no estaríamos acá sin la marea verde y sin la decisión política del presidente que tomó el tema como política pública».
En tanto, la vicepresidenta de la comisión de Legislación Penal, la diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli dijo que el presidente Alberto Fernández, «envió un proyecto que nos divide» y se preguntó: «Con qué cara vamos a decir que es una prioridad este tema con 44 por ciento de pobres».
En cambio, su par de bancada, el presidente de la Coalición Cívica, Máximiliano Ferraro, señaló que «la dimensión de mi voto positivo va más allá de mi espiritualidad, de mis creencias, de lo que soy como individuo o de la pertenencia a un partido».
«Mire, por mi orientación sexual, me siento parte de un grupo de personas que durante mucho tiempo fuimos ciudadanos de segunda y parte de una sociedad que nos educó para la vergüenza», sostuvo.
A su turno, la presidenta de la comisión de Mujeres y Diversidades, Mónica Macha, sostuvo que «despenalizar y legalizar quiere decir poder contar con una política pública que garantice ese acompañamiento».Destacó que se trata de «una de las leyes más importantes» que se necesitan «desde el regreso de la democracia».
Desde el mismo oficialismo, el ex gobernador de la Rioja Sergio Casas dijo que «busco representar el sentir mayoritario del pueblo riojano, guiándose «por la ética racional y el orden jurídico-constitucional que contempla el respeto por el derecho a la vida desde la concepción».
Por otra parte, la diputada del Frente Misionero de la Concordia, Flavia Morales, anticipó que votará a favor pese a que en el 2018 lo hizo en contra y dijo que «la intervención del Estado, en este momento, es fundamental“.
Por su parte, el legislador de Unidad y Equidad Federal, el mendocino José Luis Ramón, insistió con su proyecto de llamar a una consulta popular sobre el aborto y dijo que «este debate no puede ser resuelto por mayorías circunstanciales».
La diputada del Frente de Todos, Blanca Osuna, habló desde el hospital en el cual se encuentra internada y señaló que «de ningún modo es en contra de la vida» y «por el contrario, es una apuesta al amor, a la justicia».
La diputada del Movimiento Popular Neuquino, Alma Sapag dijo que «el aborto no es la solución» y que si se quiere «que el Estado esté presente, entonces trabajemos para llegar antes».
La diputada Alicia Aparicio (Frente de Todos) sostuvo que la discusión «no es aborto si o aborto no» sino que «tenemos la posibilidad de legislar para las próximas generaciones».
La diputada del PRO Victoria Morales Gorleri consideró: «Nos encontramos ante la crueldad de un sistema que quiere definir por ley quiénes tienen derecho a vivir y quiénes deben ser eliminados. Es el retroceso de la humanidad. Es el fracaso del Estado. Es el fomento de la Cultura del Descarte».
La legisladora del Frente de Todos, Gisela Marziotta, señaló al defender el proyecto de legalización del aborto que «no hay oportunismo, sino que existe una urgencia de vidas en juego» y señaló que el Presidente Alberto Fernández «está cumpliendo con lo que prometió en la campaña»
Por su parte, el diputado socialista por Santa Fe Luis Contigiani señaló que «para ustedes, los que defienden esta ley, hay un solo protagonista, que es la mujer».
«Lo hacen de buena fe, pero tienen que invisibilizar que hay vida en el feto, Porque están convencidos de esa idea sobre la persona humana»
En cambio, Enrique Estévez, también diputado socialista por Santa Fe, respaldó el proyecto y señaló que «cambiar esta realidad es un acto de justicia social».
«Tenemos que hacernos cargo. El aborto no es un hecho individual, es un hecho social y colectivo. Estamos hablando de un derecho humano del acceso a la salud integral», remarcó el diputado.
El proyecto
El dictamen de mayoría emitido por un plenario de comisiones establece que «las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar» tienen derecho a practicarse un aborto hasta la semana 14 del proceso gestacional.
Los diputados que promueven el aborto legal introdujeron cambios, para facilitar su sanción en el Senado, en lo referido a la objeción de conciencia de las instituciones sanitarias privadas.
En torno a ello se establece que aquellos centros de salud privados o de la seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar la interrupción del embarazo por objeción de conciencia deberán prever y disponer la derivación a un lugar de similares características, donde se realice efectivamente la intervención.
Se incorporó además que, para los casos de menores de 16 años que decidan abortar, se requerirá su consentimiento y se procederá conforme lo dispuesto en el artículo 26 del Código Civil y Comercial, que indica que «la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales». Fuente: Agencia TELAM.
