Luego del cierre de las inscripciones al padrón de la Unión Cívica Radical bonaerense, se detectaron algunas fichas adulteradas en las que se habrían utilizado bases de datos públicos. Se encuentran en la mira los dirigentes radicales, Daniel Salvador y Maximiliano Abad.
Salvador no puede postularse a la reelección porque lleva dos períodos consecutivos al mando, por lo que promovió a su principal socio político, el diputado Abad para retener la jefatura.
El pasado 20 de julio el radicalismo cerró el período de afiliaciones, con un resultado de 62 mil nuevas afiliaciones, una cifra récord. Lo que llamó la atención es que la Tercera Sección fue una de las que más adhesiones cosechó, aunque allí hay una escasa fortaleza institucional de la UCR, los comités están cerrados por el coronavirus y la mayoría de los subcomités de circuito ya no tienen sedes.
Durante los últimos días tres referentes del oficialismo partidario del sur del conurbano denunciaron ante la justicia la maniobra donde se manipularon datos públicos para adulterar fichas de afiliación. Fueron extraídas unas bases de datos de organismos como del Registro Nacional de las Personas, Dirección General de Escuelas y la ANSES.
Así lograron más de 4.500 fichas en Quilmes, 4.000 en La Matanza y Avellaneda, 1.500 en Esteban Echeverría, 1.000 en Lanús y menores cantidades en Almirante Brown, Lomas de Zamora, Berazategui, San Vicente y Berisso.
Un vocero judicial aseguró que las fichas sin el consentimiento de los inscriptos se presentaron ante la junta electoral partidaria y que se inició una investigación por “falsedad ideológica de instrumento público” el delito previsto en el artículo 293 del Código Penal establece que quien realice maniobras de este tipo será “será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años”. Fuente: elagoradigital
