Los nuevos escenarios socioeconómicos y políticos en la Argentina, sumados a los cambios epidemiológicos de las últimas décadas, provocaron transformaciones en las condiciones de vida y en la cotidianeidad de la comunidad y uno de esos cambios en particular son los modos de enfermar de las personas, sin que todavía se hayan revertido adecuadamente las estrategias de respuesta en el sistema de salud para mitigarlos.
No es que ya no hagan falta hospitales, ni medicamentos ni médicos, pero la actual prevalencia de padecimientos que están más vinculados con el comportamiento, tanto individual como social, nos plantea una urgente revisión de conceptos y operatorias que rigen las prácticas en los servicios de salud.
Las enfermedades crónico-degenerativas, como también los incidentes traumáticos y de violencia de distinta índole, sumados a la mayor supervivencia de pacientes con grandes déficits psicofísicos, han aumentado los índices de discapacidad, dejando a miles de personas limitadas para afrontar sus actividades corrientes, tanto las relacionadas con la vida productiva como la social.
La discapacidad, de acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (OMS) es un término genérico que abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones a la participación.
La persona con limitaciones físicas, sensoriales o mentales sufre la discapacidad no por los padecimientos en sí mismos, sino como resultado de sus derivaciones, es decir, por la exclusión de oportunidades educativas, laborales y de los servicios públicos que estas últimas generan y son esas condiciones de aislamiento las que el sistema aún no logra modificar.
En la Argentina, de acuerdo con el último Censo 2010, el 12.9% de la población tiene alguna discapacidad, lo que implica más de 5 millones de personas, de las cuales el 11.7% son menores de 15 años y el 48.5% está entre 15 y 64 años, es decir, compromete a la población más joven.
Visto desde una perspectiva económica, el aumento de la discapacidad y de la expectativa de vida y la disminución de la tasa bruta de mortalidad causan un incremento en el índice de dependencia (proporción de población no económicamente activa con respecto a la población económicamente activa), lo que significa un aumento de la cantidad de personas pasivas cuyos beneficios sociales deben ser provistos por la población activa. Por lo tanto, esto justifica ampliamente las necesidades de reformulación de los servicios y las modalidades de atención con prácticas, diferenciadas, menos complejas, menos costosas y más oportunas.
Por otro lado, la situación se complica aún más si sumamos las cuestiones de salud-enfermedad asociadas con una cultura de hiperconsumo que originan, al margen de las sustancias involucradas, situaciones de riesgo sobreagregadas.
En ese marco, el sistema de salud en la Argentina, que sigue siendo fragmentado y orientado a la utilización desmedida de la alta complejidad y tecnología (entendida como aparatología) especializada, obliga a un replanteo sobre la formación, el desempeño y la potencialidad de los equipos de salud.
Tanto el financiamiento como el aspecto formativo han conspirado con la esencia misma del arte de curar, que es cuidar (origen etimológico de la palabra medicina, cuyo significado es: curar, aliviar, cuidar), figura que debe ser recuperada en todas las instancias y los principios de las nuevas modalidades de actuación.
Lo “mental” y lo “no mental” del acompañamiento
El acompañamiento terapéutico constituye, para algunos, un dispositivo y para otros, una función y tiene su origen hace décadas en el campo de la salud mental, a partir de la publicación, en 1947, de un libro de la Dra. M. A. Sechehaye –una terapeuta suiza– que da cuenta de una de las primeras experiencias en este tipo de abordaje.
Podríamos asegurar que, aun hoy, el acompañante terapéutico (AT) se mantiene estrechamente vinculado con dos cuestiones principales: por un lado, con el concepto psi del acompañamiento, y por otro lado, como la práctica situada en relación con la medicina privada.
Posicionados en una visión integral e integradora de la salud y a pesar, como dice Mías
(2008), de los acuerdos existentes respecto de la indivisibilidad de la salud del individuo, en la práctica todavía resulta difícil la aplicabilidad de dichos conceptos, más allá de que el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales IV (DSM-IV) mencione como anacrónica la distinción entre trastornos mentales y físicos, (American Psychiatric Association, 1995).
Para revertir dichas situaciones, el AT requiere de un mayor afianzamiento como integrante del equipo de salud, posicionarse como mediador que suma la cotidianeidad del paciente y acerca las distancias que habitualmente existen entre la persona que padece y la institución responsable de la atención.
Pero eso requiere una nueva visión de lo que implica institución, aceptando que el hacer también construye institucionalidad, reconociendo que los equipos de trabajo articulados, y no sólo el hospital o los centros de salud, son instituciones. Pensar la institucionalidad nos obligaría a la cita de numerosos pensadores y académicos, pero tomamos el planteamiento de Castoriadis (1998) que afirma: “entiendo por institución normas, valores, lenguaje, herramientas, procedimientos y métodos de hacer frente a las cosas y de hacer las cosas…” y sigue: “aquello que mantiene unida a la sociedad es una institución.”
De esa manera, el AT se irá instituyendo en el sistema de salud a partir del propio ejercicio, pero sabiendo que se es acompañante sólo acompañando.
En momentos en los que las instituciones no sólo sanitarias sino educativas, jurídicas y sociales, entre otras, han naturalizado funcionamientos expulsivos, el AT puede facilitar una comunicación más directa con la persona padeciente, la familia y el equipo tratante, además de facilitar la territorialización de la atención.
Territorializar no remite sólo a territorio área geográfica donde se debe intervenir, sino además, y principalmente, a territorio área relacional. Es decir, como plantea Chiara (2011): “supone distintos modos de apropiación del territorio, que se ponen también en juego en la construcción de la estructura sanitaria”.
Dicha acción comporta la posibilidad de una apertura de las instituciones mencionadas a realidades y dinámicas sociales complejas, muchas veces desconocidas por el funcionamiento endogámico en que se ha caído.
Pero para profundizar dicho proceso, la formación y la actividad de los agentes deben salirse de las viejas prácticas y los modelos ideológicos dogmáticos, evitando quedar atrapados en el mismo funcionamiento; ello supone un profundo debate en todos los espacios formativos y de gestión, que interpele además la voluntad de todo el equipo de salud para diluir posibles resistencias.
Visto desde una perspectiva integradora de la salud, el AT es entonces un trabajador sanitario, capacitado para cuidar, aliviar en distintas situaciones y padecimientos, ya sean psíquicos, físicos, sociales o educativos, a modo de dispositivo preventivo. El acompañante, en estos términos, será un nuevo integrante del equipo de salud pública complementario, facilitador y promotor en la tarea de reforma del modelo de atención. Un modelo de atención que, además, pone en riesgo al propio sistema por lo desgastado y poco efectivo.
El AT supone, en ese marco, facilitar la inclusión social de las personas que padecen un malestar psíquico, físico o relacional y pensar la salud sin un territorio especial. Se transforma, entonces, en un servicio de apoyo sanitario y social, pero de modo vivencial y no interpretativo, con potencialidad de promover habilidades remanentes y generar redes solidarias de contención para lo cual poner el cuerpo es su herramienta principal.
