Desde Argentina, un grupo de abogados especialistas en derechos humanos reclamó ante la Justicia la detención inmediata del premier de Israel, Benjamin Netanyahu, cuando visite Buenos Aires, por la masacre contra un convoy humanitario en Gaza, basados en un planteo de familiares de los palestinos que fueron víctimas.
«Por primera vez una organización de derechos humanos palestina presentó en los tribunales federales de Argentina una querella en representación de familiares de los asesinados y de los dos paramédicos sobrevivientes de un operativo israelí en el que fueron ejecutadas 15 personas, con disparos de corta distancia, y sus cuerpos enterrados en una fosa común», dice un comunicado de los abogados.
Además de la investigación de la responsabilidad de los graves hechos minuciosamente descritos, los querellantes solicitan que, ante la eventual llegada del primer ministro Netanyahu, a territorio argentino, «se ordene su inmediata detención con el objeto de ponerlo a disposición de la Corte Penal Internacional, o, en su defecto, se lo someta a proceso en territorio argentino».
La denuncia penal contra las autoridades políticas y militares de Israel, responsables de la matanza del 23 de marzo último, cuando los socorristas acudían en auxilio de las víctimas de un bombardeo en la zona, fue presentada por el abogado argentino en causas de lesa humanidad, Rodolfo Yanzón, y por su colega Raji Sourani, director del Centro Palestino de Derechos Humanos, según dijeron a ANSA fuentes cercanas a la causa.
La presentación quedó radicada en el Juzgado Federal número 11, a cargo del juez Sebastián Casanello, quien deberá investigar el hecho ocurrido en Rafah, al sur de Gaza, que afectó a un convoy humanitario, debidamente identificado, integrado por trabajadores de la ONU, de la Defensa Civil Palestina y paramédicos de la Media Luna Roja (equivalente a la Cruz Roja), mientras cumplían su misión.
Los juristas decidieron avanzar con la acción judicial en el país «teniendo en cuenta que la Argentina es parte del Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional que dispone mecanismos judiciales para investigar y someter a proceso a responsables de crímenes de genocidio, contra la humanidad o de guerra, como es el caso de lo que está ocurriendo en territorio palestino por parte de las fuerzas armadas israelíes y sus autoridades políticas», explicó Yanzón.
En el escrito citan jurisprudencia de la propia Corte Suprema de Justicia de la Argentina, que ha reafirmado que tanto «los ‘crímenes contra la humanidad’ como los tradicionalmente denominados ‘crímenes de guerra’ son delitos contra el ‘derecho de gentes’ que la comunidad mundial se ha comprometido a erradicar» 2 y ratificó que «… los delitos como el genocidio, la tortura, la desaparición forzada de personas, el homicidio y cualquier otro tipo de actos dirigidos a perseguir y exterminar opositores políticos […] pueden ser considerados crímenes contra la humanidad, porque atentan contra el derecho de gentes tal como lo prescribe el art. 118 de la Constitución Nacional», sostiene la presentación.
Asimismo, recuerdan que dicho artículo «y los compromisos asumidos por Argentina obligan a los tribunales domésticos, con independencia de su lugar de comisión, a investigar y juzgar los crímenes que afectan a la comunidad internacional».
En el fuero federal argentino ya existe un pedido de arresto contra Netanyahu que fue presentado a comienzos de agosto por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), y la agrupación de derechos humanos, HIJOS. Ayer, la organización Abuelas de Plaza de Mayo emitió un duro comunicado donde fustiga la posible visita de Netanyahu a la Argentina y califica el accionar de Israel en contra de la población palestina de «genocidio».
Versiones de prensa indicaron que para septiembre próximo Netanyahu tiene previsto visitar Buenos Aires y ser recibido por el gobierno argentino, que encabeza el ultraliberal Javier Milei, de estrechas relaciones con la administración israelí y que en un año y medio de mandato visitó dos veces Israel. © ANSA
