Durante los allanamientos, tres presuntas víctimas dieron testimonio valioso, en tanto fue identificado un hombre de nacionalidad boliviana como supuesto responsable, por lo cual quedó imputado en el expediente.
Los procedimientos se realizaron en forma simultánea en domicilios ubicados en Lisandro de la Torre al 3600, en Lugano, y en Zuviría al 3200 en Flores, por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 5, a cargo de la Dra. María Capuchetti, Secretaría Nº 9, del Dr. Federico Clero.
Personal especializado de la División Delitos Contra Grupos Vulnerables y Trata de Personas de la Policía de la Ciudad, en coordinación con personal de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la Dirección Nacional de Migraciones, la Dirección General de Protección del Trabajo de la Ciudad, el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y a la Dirección de Habilitaciones, Fiscalizaciones y Control de la Agencia Gubernamental de Control porteña llevaron a cabo los registros con el objetivo de obtener pruebas y entrevistar a posibles víctimas.
En el domicilio de Villa Lugano se hallaron 17 personas, todos mayores de edad, entre ellas el imputado, además de 30 máquinas de coser industriales, gran cantidad de tela y materiales textiles. Como resultado de las entrevistas a los empleados del lugar, tres personas brindaron testimonios que resultaron relevantes para la causa y se detectaron seis trabajadores de nacionalidad boliviana con situación migratoria irregular. Además se colocó una faja de clausura en el lugar por diversas irregularidades.
Mientras tanto en el procedimiento realizado en el domicilio del barrio de Flores se encontró un taller en funcionamiento con siete personas trabajando y doce máquinas de coser instaladas. Allí también se labró un acta de clausura administrativa por actividad no habilitada y falta de elementos de seguridad y matafuegos.
De esta manera, quien ejercía el rol de responsable de los talleres fue imputado por infracción al artículo 145 bis del Código Penal, conforme a la Ley 26.842 de lucha contra la trata de personas y se procedió al secuestro de teléfonos, documentación y 10 rollos de etiquetas de marcas reconocidas halladas en ambos domicilios.
