El operativo se desarrolló en un cuarto piso de un edificio en la avenida Corrientes al 500, donde funcionaba un centro de estética, que resultó carecer de la habilitación por parte del Ministerio de Salud de la Nación.
Las investigaciones a cargo de la División Delitos contra la Salud y la Seguridad Personal de la Policía de la Ciudad se iniciaron meses atrás cuando oficiales detectaron a un usuario de Instagram que ofertaba toxinas botulínica (botox) y ácido hialurónico de distintas marcas y presentaciones, además de venta de insumos para tratamientos estéticos, con asesoramiento profesional y en los mejores precios, además de ofrecer envíos gratis en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de insumos cuya adquisición debe realizarse en farmacias o en laboratorios autorizados.
Ante ello tomó intervención la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas 11, a cargo de la Dra. Valeria Massaglia, secretaría del Dr. Fernando Pérez Bustos, que ordenó una inspección integral con la participación de personal de la División Delitos contra la Salud y la Seguridad Personal, del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal, de la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFyC) y la Dirección General de Control Ambiental (DGCONTA) de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) de la Ciudad, del Ministerio Salud de la Nación y de la ANMAT.
El centro estaba a cargo de una «doctora» venezolana, quien al momento del procedimiento no se encontraba, y fue su pareja, de la misma nacionalidad quien franqueó el acceso de los funcionarios.
Se ofrecía, entre otros tratamientos, rinomodelación, rellenos de ácido hialurónico, colocación de botox y de plasma, estimulación capilar y peeling.
En ese lugar se halló gran cantidad de productos de uso médico con finalidad estética, que si bien muchos de ellos contaban con registro para su uso y aplicación por parte del ANMAT, no resultaban consecuente con la actividad que allí se desarrollaba.
Pero además, de la investigación se desprende que desde allí se habrían estado comercializando de manera ilegal esos insumos, que deben ser adquiridos en farmacias y/o laboratorios.
Ante ello por disposición de la fiscalía fueron secuestradas cientos de cajas de esos insumos, por un valor más de 20 millones de pesos, entre los cuales figuraban algunos sin registro de uso, como una caja de Biodepot, con equipos de estética con aplicador tipo Dermapen, sin ningún tipo de información de fabricante y ni importador. También los oficiales incautaron documentación para la causa.
Por su parte, la DGFyC labró acta de clausura administrativa por falta de seguridad e higiene, la DGCONTA por carencia de certificados de aptitud ambiental.
A su vez la ANMAT indicó los productos que cuentan con habilitación y los que no y el Ministerio de Salud confirmó que el establecimiento no se encontraba habilitado.
La imputación está anclada en el artículo 204 quinquies del Código Penal de la Nación que reprime con prisión de seis meses a tres a quien sin autorización vendiere sustancias medicinales que requieran receta médica para su comercialización.
