El comité de acción política (PAC, en inglés) del expresidente de Estados Unidos Donald Trump habría pagado a algunos testigos de la investigación del Departamento de Justicia sobre si el exmandatario retuvo ilegalmente documentos confidenciales tras dejar el gobierno, informó hoy el diario The Washington Post.
Algunos de esos testigos -tanto de la defensa como de la acusación- relataron en forma anónima que el PAC habría pagado honorarios a los participantes de la investigación.
El PAC habría abonado 120.000 dólares al estudio de abogados Brand Woodward Law, que representa a un testigo que salió en defensa de Trump y a otro que actuó en contra de él.
Si bien la ley no prohíbe que terceros paguen los honorarios a los abogados de participantese de un juicio, se trata de una práctica que podría alentar a los testigos a no cooperar, según la agencia de noticias Europa Press.
“No hay impedimento para que terceros paguen los honorarios legales, siempre y cuando se le informe al cliente; la obligación ética del abogado es con el cliente”, afirmó Stan Brand, el principal abogado de Brand Woodward Law.
En tanto, el exfiscal general Jim Walden, consultado por el periódico, sostuvo que el acuerdo de pago plantea preocupaciones sobre si el reembolso de los honorarios legales puede influir en lo que dicen o hacen los testigos.
Walden señaló que si los funcionarios del Departamento de Justicia tienen preocupaciones sobre la ética de los participantes en el caso, podrían pedirle a un juez que, como mínimo, pregunte a los clientes si están seguros de que sus intereses están siendo protegidos.
“Parece que el PAC de Trump está pagando por el silencio de estos testigos, para que tomen la Quinta (enmienda de la Constitución, que habilita a no declarar) o por un testimonio favorable”, agregó.
El Departamento de Justicia está investigando la posesión por parte de Trump de cientos de documentos clasificados en su residencia en Mar-a-Lago, Florida, una vez que dejó el cargo.
Algunos de los documentos recuperados en junio por el FBI en un allanamiento aprobado por la justicia contenían información altamente clasificada, entre la que se incluían informes sobre las capacidades nucleares de un país extranjero, la actividad de inteligencia en China y el sistema de misiles de Irán.
