El Registro Único de la Verdad (RUV) de la provincia de Entre Ríos denunció ayer al concejal de Paraná y candidato a intendente del PRO, Emanuel Gainza, quien la semana pasada reveló que realiza tareas de inteligencia y espionaje ilegal con un grupo de policías.
«Hay un grupo de policías voluntarios que trabajan conmigo, en nuestro equipo político, donde cada vez que nos invitan a un comedor o en cada actividad, como el día del niño, pedimos DNI y se los pasamos para que hagan algún tipo de filtrado de inteligencia o inteligencia», había dicho el edil la semana pasada.
En declaraciones al programa televisivo Cuestión de Fondo, Gainza no solo admitió haber organizado un «equipo de policías» para realizar «ese filtrado», sino que aseguró que se trata de un «sistema» que «ha funcionado».
Ayer por la mañana el titular del RUV de Entre Ríos, Marcelo Boeykens, presentó una denuncia formal en el Ministerio Público Fiscal (MPF) de esa provincia en la que remarcó que esas prácticas de inteligencia son «rayanamente antidemocráticas, violatorias de derechos humanos básicos y del estado de derecho».
También calificó las declaraciones de Gainza como «francamente discriminatorias» y que afectan derechos constitucionales y convencionales, además de la ley nacional de inteligencia.
Las tareas de inteligencia «solo pueden ser realizadas a pedido de la Justicia, de las fiscalías en sus tareas investigativas, pero nunca a pedido de un particular o facción política», apuntó Boeykens en su denuncia, en la que reclamó que se investigue.
Sin embargo, la ministra de Gobierno de Entre Ríos, Rosario Romero, negó esos hechos: «No hay nadie de la policía que esté afectado ni que trabaje para Gainza, ni para ningún candidato ni particular», declaró a Télam.
Además, aseguró que el Gobierno entrerriano mantiene reuniones con la Policía para avanzar en actuaciones administrativas y determinar si «algún efectivo de la fuerza ha incurrido en esta ilegalidad».
La funcionaria provincial explicó que la Policía de Entre Ríos «solo investiga bajo instrucciones de jueces y fiscales» y rechazó «enérgicamente estas prácticas que no se condicen con el buen ejercicio de la política y retrotraen a los años más oscuros» del país.
Por su parte, la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (Rodher), también rechazó los dichos y prácticas del líder del PRO en Paraná y alertó: «Van en sintonía con la inteligencia que desplegó el macrismo a propios y extraños».
En un comunicado, unas 12 organizaciones, asociaciones, comisiones y organismos exigieron que Gainza «cese inmediatamente en dichas prácticas» y requirieron a la Policía que investigue para «dilucidar si en esos equipos existen miembros pasivos o en actividad».
La diputada nacional por Entre Ríos, Carolina Gaillard, se sumó a los rechazos y mostró su «más profunda preocupación» por acciones que «nada tienen que ver con la convivencia política y las normas básicas de la democracia».
El espionaje ilegal es una práctica que «naturalizó el macrismo en su paso por el Gobierno y que todavía algunos funcionarios siguen ejerciendo en la práctica. Debemos repudiarla, denunciarla y no permitirla», completó. © Agencia Télam.
