Además, fueron imputados dos médicos de nacionalidad boliviana y una empleada por atender a menores de edad y realizarles tratamientos sin tener título habilitante.
Los consultorios se encontraban a una cuadra de distancia, y en uno de ellos, en José León Suárez al 100, se comprobó que había sido clausurado el 4 de mayo de 2017 por falta de habilitación, además de funcionar con irregularidades en seguridad e higiene, en tanto en una de las dependencias había una emisora de radio.
En el otro, en un departamento de primer piso sobre la colectora de la avenida General Paz al 10700, los funcionarios hallaron medicamentos e insumos vencidos desde 2017, yeso para hacer moldes y limas endodónticas mata nervios clavadas en esponjas de cocina, entre otras irregularidades.
Tras una investigación de la División Contravenciones y Faltas contra el Orden Público de la Policía de la Ciudad, la Fiscalía Contravencional 35, a cargo de la Dra. Celsa Ramírez y ante la Secretaría del Dr. Federico Stopani, dispuso inspecciones en los dos consultorios con la participación de esa división policial, junto a personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal, la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFyC) de la Ciudad, la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), la Dirección General de Protección del Trabajo (DGPT), la Dirección General de Control Ambiental (DGCONTA) y la Unidad Operativa de Fiscalización Integral (UOFI), todas dependencias del gobierno porteño.
La causa se inició por la denuncia de una mujer que relató que había llevado a su hija al consultorio y que luego de que le hicieran una práctica médica, la menor tuvo que ser internada por una infección.
En el consultorio de la calle José León Suárez, luego de revisar minuciosamente el lugar, los oficiales confirmaron que el consultorio montado no se hallaba habilitado como tal, y que además violaba una clausura impuesta el 4 de mayo de 2017, por no cumplir con las normas de seguridad e higiene.
Dentro del inmueble, tampoco estaban instalados los matafuegos reglamentarios ni se respetaban los protocolos eléctricos de seguridad, en tanto que se halló un estudio de radio en uno de los cuartos.
La fiscalía interventora avaló el procedimiento policial y ordenó la reinstalación de faja de clausura en el lugar, notificando de causa al encargado, un ciudadano boliviano de 46 años.
Por su parte, la DGFyC comprobó falta de adecuación a la Ley 5.920, de sistema de autoprotección, falta de la habilitación por parte del Ministerio de Salud, falta de matafuegos y protocolos de puesta a tierra, en tanto la DGPT y AGIP labraron actas por distintas irregularidades.
En el consultorio ubicado en la avenida General Paz fueron imputados dos odontólogos, un hombre de 50 años, con matrícula profesional vencida, y una empleada de 35 años, ambos de nacionalidad boliviana.
https://www.youtube.com/watch?v=v5dCz3_tgw0
El consultorio no estaba habilitado por lo cual la DGFyC dispuso la clausura por seguridad y funcionamiento, en tanto el Ministerio de Salud de la Nación dispuso vía telefónica que enviaría personal para formalizar la clausura en el término de 48 horas, y la suspensión del trámite de habilitación.
Durante la inspección la DGCONTA labró actas por no tener certificado de aptitud ambiental como generador de residuos patogénico, en tanto comprobó que en uno de los cuartos funcionaba un gimnasio y una habitación particular.
También detectaron que había un aparato de rayos sin habilitación, que en las tarjetas del profesional se promocionaba implantes, ortodoncia y ortopedia, sin que los profesionales pudieran acreditar especialidad en ortodoncia, odontopediatría y radiología dental.
El personal policial, por su parte, halló 20 frascos de medicamentos vencidos desde 2018 en adelante, entre las que había pastillas de Sildenafil (Viagra), 53 insumos vencidos desde 2017 en adelante, con materiales peligrosos en la cocina, yeso para la construcción utilizado como yeso odontológico y limas endodoncias para matar nervios en tratamientos de conducto pinchados en una esponja de cocina.
Realizada la consulta, la Fiscalía dispuso el secuestro de la totalidad de los elementos, implantar faja de clausura judicial, y la citación de las dos personas imputadas para declaración indagatoria.
