Millones de estadounidenses están en riesgo de desalojo tras el vencimiento, el sábado, de la moratoria lanzada hace 11 meses por la pandemia de coronavius, mientras arrecia la variante Delta y la economía corre solo para unos pocos.
Para Joe Biden se trata de una verdadera emergencia sobre la que, sin embargo, tiene las manos atadas: de hecho, la Corte Suprema estableció en los últimos meses que cualquier prórroga del cese de los desalojos tendría que pasar por el Congreso.
La Cámara de Representantes, liderada por Nancy Pelosi, intentó, en una carrera contra el tiempo, de sancionar una ley, pero no tuvo éxito ante la dura postura republicana.
En el horizonte se asoma ahora una nueva crisis que afecta incluso al Partido Demócrata, ya que los liberales apuntan a la Casa Blanca por haberlos investido de responsabilidad el jueves, 48 horas antes de que expirara la moratoria y en vísperas de las vacaciones de verano.
El gobierno rechazó las acusaciones y, después del Congreso, exhortó a actuar el domingo a los estados norteamericanos.
«Cada gobierno estatal y local debe usar los fondos recibidos» en el marco de las ayudas por el Covid-19 «para prevenir todo posible desalojo», dijo Biden en diálogo con la prensa, consciente de que una pequeñísima parte de los recursos entregados por el gobierno federal fue a parar a los inquilinos en dificultades.
De hecho, de los 47.000 millones de dólares puestos a disposición por Washington a los estados en el marco del programa Emergency Rental Assistance solo 3.000 millones fueron desembolsados.
Se trata, por tanto, de una cifra insignificante que pone de relieve los problemas de una iniciativa que luchó por despegar desde sus inicios, en medio de parámetros muy estrictos de acceso a las ayudas y falta de claridad.
En diciembre pasado, seis meses después que el plan de ayudas había sido sancionado por el expresidente Donald Trump, solo el 12% de los primeros 25.000 millones dispuestos había llegado a los estadounidenses en dificultades.
Ahora, a más de tres meses desde que Biden aprobó otros 21.500 millones de dólares para el programa, se gastó todavía menos.
Según datos del Tesoro, solo 36 de las más de 400 ciudades, condados y estados que recibieron los fondos pudieron gastar la mitad de la cantidad recaudada en junio. En cambio, son 49 las que no gastaron ni un centavo. Según las estimaciones del Census
Bureau, hay 11 millones de estadounidenses adultos que se retrasan en el pago de la renta pero no es posible cuantificarlos, por lo que corren el riesgo de ser desalojados a corto plazo. Otros censos estiman que 3,8 millones de familias corren el riesgo de perder sus hogares inmediatamente o en unas semanas.
Para el gobierno se trata de una crisis inminente que puede dejar en segundo plano la agenda económica del presidente, que ve como uno de los principales elementos el plan de infraestructura de 1.000 millones de dólares que se discute actualmente en el Senado.
El temor de la Casa Blanca es que el vencimiento de la moratoria provoque tensiones sociales y sanitarias.
De hecho, el Covid-19 sigue circulando con la muy contagiosa variante Delta y el peligro es el hacinamiento de los centros públicos de acogida, donde mantener el distanciamiento social es más difícil.
Por no hablar del riesgo de un eventual aumento de la violencia en un país donde el verano (boreal) actual ya está demostrando ser sangriento. (ANSA).
