La Policía de la Ciudad formó parte en las últimas horas de inspecciones a talleres textiles ubicados en los barrios de Flores y Nueva Pompeya, que terminaron siendo clausurados por la Agencia Gubernamental de Control (AGC) al encontrarse diversas irregularidades.
Los operativos fueron encabezados por personal de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 7 y efectivos de la Comisaría Vecinal 4 de la Policía de la Ciudad y además participaron representantes de AGC y de la Dirección General de Coordinación Operativa, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana.
También colaboraron inspectores de la Agencia de Protección Ambiental (APrA) y del Ministerio de Trabajo.
En cuanto a la propiedad ubicada en la avenida San Pedrito al 1100, los oficiales se encontraron con un taller que funcionaba en la planta baja y una pensión en el primer piso.
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Luego de observar las condiciones del lugar, la Dirección General de Protección del Trabajo clausuró el taller, mientras que la parte habitacional del piso superior fue cerrada por la AGC por no contar con la habilitación ni con las normas necesarias de salubridad.
La Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas Número 22, a cargo de la doctora Mariela de Minicis y ante la Secretaría Única de la doctora Ivana Petroni, dispuso labrar un acta por violación de clausura e intimar al morador, un hombre de nacionalidad china de 49 años, para que retire las dos garrafas que se encontraban en el lugar por no tener las necesarias medidas de seguridad.
El segundo taller inspeccionado fue en la calle José Barros Pazos al 1800, en Nueva Pompeya, donde los efectivos fueron recibidos por una mujer de 34 años de nacionalidad boliviana.
Al ingresar, los policías y representantes de diferentes organismos municipales constataron que la propiedad tenía tres pisos y en la planta baja se hallaron máquinas de coser, recortes de telas y bultos, mientras que en el segundo y tercer piso había varias habitaciones con camas, algunas de ellas en estado de insalubridad y humedad en las paredes.
Se contabilizaron 13 personas en el interior y su mayoría se encontraba trabajando en el momento de la inspección.
Se hizo presente personal de Trata de Personas de la Policía de la Ciudad, con el objetivo de corroborar si en el lugar se llevaba a cabo ese ilícito, obteniendo resultado negativo.
Luego de consultar con el magistrado interventor, la AGC procedió a la clausura de la propiedad.
Participaron también aquí representantes de UOFI, DGPDT, DGCONTA y DGFYC.
